Justo en el momento en que la juez que instruye el caso de los ERE investiga si el dirigente de CCOO de Andalucía e histórico comunista de Sevilla, Juan Antonio Florido García, ha sido beneficiario de cuatro pólizas financiadas por el fondo de reptiles o por empresas vinculadas a la mediadora Vitalia, Izquierda Unida comienza a "edulcorar" su posición en el caso vía su coordinador y vicepresidente Diego Valderas que empieza a coincidir con su presidente, José Antonio Griñán, en considerar excesiva la prisión para el exconsejero Antonio Fernández. Según La Razón, tras "escasas 72 horas en el cargo" y en una entrevista en Canal Sur le preguntaron por la decisión de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, de mantener en prisión provisional al ex consejero de Empleo y afirmó no compartir "el hecho de que hubiera riesgo de fuga por parte de Antonio Fernández".
Pero la hemeroteca recopilada por el diario de Madrid deja en su sitio a Valderas. "Al día siguiente de que Guerrero entrara en la cárcel, aseguró el hoy vicepresidente de la Junta que la juez 'apunta cada vez más alto a la cúpula de la Junta' y que era 'muy difícil que no se conociera esto (las irregularidades) dentro del Gobierno andaluz'". Incluso el coordinador nacional de la formación, Cayo Lara, con el que compartió acto de campaña en Almería, proclamó que el ingreso en prisión de dirigentes corruptos "debería cundir más en España". Más firme aún (a cuatro días del 25-M) se pronunció Valderas tras la entrada en prisión del exchófer Juan Francisco Trujillo. Lejos de considerar o no la idoneidad de la prisión provisional, dijo en tono mitinero: "A por todos los chorizos, a por todos los que roban, a por todos los que mangonean, a por los corruptos y corruptores y a esclarecer las responsabilidades administrativas y políticas que den lugar en uno y otro lado", subraya La Razón.
Es más, el pasado 24 de abril –todavía no era consejero pero ya estaba cantado el pacto de gobierno con el PSOE– Valderas atendió unas preguntas de Europa Press Televisión. En relación a la prisión de Fernández, dijo que "quien tiene que valorarlo es la Justicia y la Justicia ve elementos para que esté en prisión". Rechazó entrar en los "planteamientos de la juez". "Hay que ir hasta el final, alcance a quien alcance".
Un histórico del PCE en el caso de los ERE
Los hechos no pueden cambiarse y no puede cambiarse el hecho de que Juan Antonio Florido García fue un histórico militante del PCE y miembro de Comisiones Obreras de Sevilla, donde el mandamás siempre ha sido Antonio Rodrigo Torrijos. Florido García fue incluso candidato electoral del PCE en 1983 y 1987, tal y como consta en los Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla.
Con el tiempo, Juan Antonio Florido, llegó a ser un habitual en las mesas de negociación de los ERE en empresas relacionadas con el sector textil y químico. Participó en el ERE de Surcolor, un laboratorio fotográfico sevillano donde se prejubilaron como intrusos un concuñado del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla y el marido de una edil del PSOE del municipio de Camas. Precisamente, el ex consejero de Empleo en prisión por los ERE, Antonio Fernández, declaró que Florido "tuvo que intervenir en los procedimientos que tuvieran relación con el sector de Químicas".
Según El Mundo, desde diciembre de 2004 a diciembre de 2007, Florido cobró una póliza en la que figuraba él mismo como tomador y, como mediador, Holding Europeo T. SL, una entidad investigada por la juez Mercedes Alaya por pertenecer al círculo de Vitalia. Ese seguro fue suscrito con la entidad Personal Life, también del mismo grupo empresarial, "con la que cobró una prestación de 600 euros mensuales" entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2007, más un pago de 272,18 euros el 1 de diciembre de 2007. En total, 21.872,18 euros.
Desde diciembre de 2007 a mayo de 2009, Florido cobró las rentas de una póliza suscrita también con Personal Life, pero cuyo tomador era la propia Vitalia SA y el mediador el mismo Holding Europeo Tindex SL. Según se detalla en el informe policial, Florido habría percibido 327,82 euros el 1 de diciembre de 2007 y otros 600 euros mensuales entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2009, lo que suma 10.527,82 euros.
Griñán no ve razones objetivas para ser imputado
Lo dijo el pasado martes. Griñán considera que ninguno de los elementos presentes en el caso, desde su autorización de pagos, su presunto conocimiento de la irregularidad de los procedimientos o el que se hayan mantenido siendo él mismo presidente ya de la Junta, tiene relevancia penal.
Por ello, el portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, exigió ayer a lGriñán, que dé "un paso al frente" y comparezca "de forma inmediata" en la comisión de investigación que prevé celebrar la Cámara sobre el caso los ERE irregulares. Griñán no se ha negado a comparecer ante la Comisión de Investigación, peero el PSOE andaluz ya ha adelantado su negativa a que tal cosa ocurra. Recuérdese que Izquierda Unida puso como condición de la coalición de gobierno la constitución de dicha Comisión. Ahora se verá si deseas o no que el presidente de su gobierno de coalición comparezca en la misma.
El dirigente popular Rojas consideró una "irresponsabilidad" que "los que han pactado ahora para obtener el poder" –en referencia a Griñán y a Diego Valderas– digan "que ya se verá y que será la comisión de investigación la que decidirá" sobre la comparecencia del jefe del Gobierno. El PP ha pedido la comparecencia de 24 personas en la Cámara, entre ellas Griñán y el ex presidente Manuel Chaves. "no tiene ningún inconveniente" en comparecer ante la comisión de investigación que se creará en el Parlamento andaluz, como solicitó por el PP. "En el momento que se haga la comisión, ya se verá", aseguró acto seguido, días después de que el portavoz del PSOE en la Cámara, Mario Jiménez, rechazara la intervención del presidente. Esta comisión fue una de las condiciones que puso IU al PSOE para entrar en el Ejecutivo andaluz. En la anterior legislatura fue vetada en diez ocasiones por el PSOE, que entonces gozaba de mayoría absoluta.
Intereses comunes con el PSOE para silenciar el fracaso de las políticas de empleo de la Junta
El silogismo es sencillo. Se han invertido miles de millones de euros, tanto en incentivos a empresas como en formación como en otros elementos, a lo largo de los últimos diez años y sin embargo el empleo en Andalucía no ha dejado de caer alcanzándose récords históricos de destrucción de empleo. Luego, algo debe andar mal en la eficacia y eficiencia de las políticas de empleo. Pero dado que estas políticas ha sido dictadas por el PSOE, actual socio de IU, y patronal andaluza y UGT y CC.OO, defendidas actualmente por IU, hay una alianza objetiva de intereses entre IU y PSOE por silenciar el desastre de estaas políticas. Este es el argumento empleado por el PP para subrayar otro elemento de "edulcoración" de los dirigentes gubernamentales de IU en relación a lo que decían hace sólo días. Por ejemplo, el propio Diego Valderas Diego Valderas en 2011 calificaba de "políticas erráticas de empleo y palos de ciego" las medidas del PSOE.
El portavoz del PP, Carlos Rojas, denuncia le hecho de que IU acepte "un pacto de silencio las políticas desacertadas y fracasadas de los socialistas en materia de empleo". Y añadió: "Izquierda Unida en este pacto está cargando con una mochila muy pesada: la de 30 años de desaciertos de políticas socialistas en nuestra comunidad. Las está asumiendo como suyas y ahora guarda silencio ante lo que antes criticaba", dijo. Rojas recordó que el plan Memta "se presentó como un plan estrella para crear empleo, se convirtió en un plan fantasma y hoy ya está derogado oficialmente por falta de dotación presupuestaria". Agregó que también el plan Proteja fue un fracaso hasta el punto de que la Cámara de Cuentas señaló que "sus logros fueron insuficientes".
El portavoz popular también se refirió al plan Motiva, que tardó quince meses en publicar su orden reguladora y "desde entonces se ha destruido un 16,4 por ciento del empleo joven, casi cinco puntos más que en el resto del país". Recordó también que el plan 45 Plus, que se anunció en junio de 2010, y sin embargo los parados de más de 45 años han aumentado en un 20 por ciento en Andalucía, en 358.000 personas.
Rojas afirmó que ahora el gobierno pretende reeditar ahora, cambiándoles el nombre, planes de empleo como el plan Encamina 2 o el Plan OLA, que no han evitado que en Andalucía haya 700.000 parados más. Aseguró que los tres planes de empleo anunciado por el gobierno en trabajaos forestales, rehabilitación de vivienda y una ampliación del plan OLA "no son novedad sino más desaciertos y más políticas erróneas".