LD (Pedro de Tena) En septiembre de este año, el Consejo General del Poder Judicial aprobó que Joaquín García, Fernando de la Torre, Manuel López Angulo, María Teresa Gómez, María Rosario Cardenal, Eduardo Hinojosa, José Ángel Castillo, Pablo Vargas y José Baena, jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, percibirían una “gratificación mensual” de 750 euros si cumplían el objetivo de que cada uno de ellos dictase 15 sentencias más al mes.
Del mismo modo, se aprobó que los magistrados Antonio Jesús Pérez, Tomás Cobo, Guillermo del Pino y María Fernanda Mirman recibirían 1.202 euros al mes así como dietas y gastos de locomoción si cada uno cumplía con el objetivo de resolver 20 sentencias más. O sea, que si hay más dinero de por medio, habrá más sentencias. Hay que recordar que las quejas de los jueces andaluces afectados por las consecuencias del caso “Mari Luz” estaban vinculadas a la falta de medios para poder emitir sentencias, no a un aumento de sueldo.
Precisamente, este lunes, según EFE, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pío Aguirre, ha afirmado que es preciso solucionar los problemas y las carencias de la Justicia en España sin necesidad de llegar a una huelga, "que es una medida extrema". Aguirre, que ha participado en Córdoba en las V Jornadas de Jueces de Familia y de Incapacidades y Tutelas, respondió así a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que los jueces acuerden convocar protestas tras la celebración de varias juntas de jueces en toda España para reclamar más medios materiales y personales.
El vocal del CGPJ ha indicado que un país como España "no se puede permitir el lujo de abandonar la Justicia o de que ésta no funcione", por lo que aboga por "llegar a un acuerdo entre todos". En esta línea, ha señalado que tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia, así como las comunidades autónomas que tienen trasferidas sus competencias, como es el caso de Andalucía, deben aportar los medios materiales necesarios "para que la justicia vaya a mejor".
¿Más medios es igual a más dinero para los jueces?
Pues, al parecer, jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga reciben gratificaciones mensuales de hasta 1. 202 euros al comprometerse a cumplir con el objetivo de resolver un determinado número de sentencias en materia de extranjería y en recursos de apelación, según acordó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mediados de septiembre. Según consta en el expediente de este plan, se trata de una medida de autorrefuerzo interno que aprobó la Comisión Permanente del CGPJ y que este mismo órgano prevé revisar este martes, tras encontrarse entre los magistrados comisionados uno que no está en activo y otra que no solicitó ser beneficiaria de esta medida.
Sin embargo, dos meses después la comisión permanente revisará el acuerdo al haber recibido una comunicación del presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, en el que pide la exclusión de dicho acuerdo de José Angel Castillo y de María Fernanda Mirmán, ya que el primero ni pertenece a esta sala ni se encuentra en activo en la carrera judicial y, en el caso de la magistrada, no solicitó tal medida de refuerzo. En su lugar, se solicitan otros beneficiarios del plan .
Contradicciones sonrojantes
El comportamiento de estos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parece ir en contra de la opinión de los jueces de Sevilla. El pleno de los magistrados de la Audiencia de Sevilla acordó el pasado día que su carga de trabajo se "reconduzca" y se limite a "un número de asuntos asumible y que no genere riesgos profesionales por sobrecarga", y en caso de que no se atiendan sus peticiones adoptarán medias de presión.
Por su parte, el pleno de magistrados sevillanos exigió que se cree una nueva sección de lo Penal en la Audiencia sevillana y que su carga de trabajo se limite a lo exigible por ley, situado en 300 asuntos anuales en lo penal, cifra que ahora sobrepasan con creces. Además, han exigido para lo civil una carga de trabajo de una ponencia por día laborable. Igualmente el pleno acordó exigir la misma proporción de jueces por habitante de nuestro entorno, situada en 19 jueces por cada 100.000 habitantes en países como Alemania o Grecia, frente a los 10,2 jueces por 100.000 habitantes de España.