LD (Ángela Martialay) Conrado Gallardo habla pausado, alto y claro. Su voz representa a la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), que decidió el pasado viernes adelantar al próximo día 18 la convocatoria de huelga de jueces acordada por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) para junio. Esta medida también ha sido apoyada por la asociación Francisco de Vitoria, dividiendo la unidad asociativa de la Carrera Judicial en dos frentes. Asegura que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictamina que los jueces no tienen derecho a huelga ellos no llevarán a cabo la misma. De esta cuestión y de muchos asuntos más ha hablado el juez con Libertad Digital.
¿Por qué ha decidido el Foro Judicial Independiente (FJI) adelantar la huelga al 18 de febrero?
La comisión gestora del Foro Judicial Independiente decidió adelantar el día 29 de enero la huelga porque entendía que eso era lo que le estaban pidiendo la mayoría de sus asociados y, por lo tanto, acordar lo contrario sería ir contra nuestros propios asociados. Sin embargo, el motivo de fondo de este anticipo se debe a que la reunión con el ministro Bermejo no cumplió en absoluto nuestras expectativas.
Esta medida ha acentuado la división entre las asociaciones judiciales. La APM ya se ha pronunciado y les ha acusado de “repudiar la unidad judicial”. Jueces para la Democracia explicará su postura previsiblemente en los próximos días ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto?
No quiero entrar en un cruce de acusaciones con mis compañeros de otras asociaciones. Nosotros entendemos que la APM esté molesta porque se hayan roto los acuerdos y la unidad asociativa de los jueces, pero también es cierto que antes de tomar la decisión de adelantar la huelga al 18 de febrero hablamos con ellos para consensuar otra fecha anterior a la ya anunciada por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) para el 26 de junio, para que las cuatro asociaciones fuésemos a la huelga juntas en marzo o abril, y ellos se cerraron en banda. A pesar de nuestras divergencias respecto a la huelga, coincidimos en lo que la APM ha señalado con que Bermejo se anotado un punto al dividirnos. Sin embargo, no podemos evitar discrepar en que para la APM hay abierta una negociación que para nosotros no existe.
¿No creen ustedes que la unión hace la fuerza?
Por supuesto que sí y por eso desde el Foro Judicial Independiente hemos trasladado a nuestros compañeros de las otras asociaciones nuestra voluntad de seguir trabajando para recuperar la unidad asociativa de los jueces. Somos conscientes que la división en la Carrera Judicial no nos beneficia a ninguno.
El pasado 12 de enero las cuatro asociaciones judiciales (CIP) firmaron un documento conjunto en el que pedían de forma unánime las reivindicaciones de la Carrera Judicial y anunciaban una huelga para el 26 de junio. Después su asociación y la Francisco de Vitoria han adelantado la fecha de la protesta ¿Dan ustedes por rotos estos acuerdos?
Nosotros asumimos que hemos roto el pacto respecto a la huelga, si bien las reivindicaciones de las cuatro asociaciones judiciales siguen siendo las mismas. En eso estamos unidos. El documento suscrito por la CIP el pasado 12 de enero se mantiene para nosotros ya que es algo en lo que las asociaciones hemos estado trabajando durante mucho tiempo.
Su valoración de la reunión con Bermejo fue bastante negativa. En el escrito difundido a sus asociados ustedes señalan que el Gobierno “no ha aceptado las propuestas de las asociaciones ni ha modificado en lo más mínimo su criterio” y “que no hay compromiso alguno de hacer nada antes del 26 de junio, ni siquiera fecha para una nueva reunión con temas o propuestas concretas”.
La reunión fue decepcionante, absolutamente vacía de contenido. El ministro evidenció una absoluta falta de voluntad para dar una solución rápida y seria a los problemas que le habíamos planteado las asociaciones. No se nos dio ni una sola propuesta estudiada y por escrito. Le preguntamos cuántos jueces creía que hacía falta para mejorar el funcionamiento de la Administración y no nos respondió. ¿Cómo no puede saber un ministro de Justicia el número de jueces que hacen falta en la planta judicial española? Para el FJI no ha habido realmente negociación ya que el ministro se ha limitado a exponer lo que ya está haciendo el Gobierno.
¿Qué exigen ustedes al Gobierno a cambio de no recurrir a la huelga?
Pues que nos dé unas propuestas concretas y que nos muestre que tiene un compromiso serio de solucionar los problemas de la Carrera Judicial. Que muestre una voluntad firme y trabaje de forma rápida y eficaz por resolver los problemas de la Judicatura en vez de emplear tiempo en cabrearnos. En nuestra reunión con el Consejo de este lunes, nos enteramos que el Gobierno se había comprometido nueve días antes a tomar medidas como la supresión de ascenso forzoso con el CGPJ que Bermejo no quiso concretar en nuestra reunión. Respecto al tema de los señalamientos (cuyas competencias se quieren traspasar a los secretarios judiciales) el ministro nos dijo que no podía hacer nada, que el asunto estaba en el Parlamento. Ni el más tonto de este país se cree que el ministro no tenga influencia en su grupo parlamentario.
¿Cómo valoran ustedes el papel que su órgano de gobierno, el CGPJ, está desempeñando en este conflicto?
Tenemos que partir de la idea de que para nosotros este CGPJ no responde a los cánones que establece el Consejo de Europa para los órganos de gobierno de los jueces y que ha sido elegido, esta vez de forma más descarada que nunca, por los partidos políticos. Por otro lado, pensamos que el Consejo está más preocupado por no molestar a quienes los han elegido que por solucionar los problemas de los jueces. Sin embargo, a su favor tenemos que decir que en la reunión de este lunes ha mostrado su intención de atender a nuestras peticiones y nos han dado soluciones con plazos concretos, cosa que el Ministerio hasta ahora no ha hecho.
El Consejo ya ha anunciado que va a estudiar en un pleno extraordinario si los jueces tienen derecho a huelga ¿Lo tienen?
Sí lo tenemos puesto que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución a todos los españoles. Además, no está prohibido en ningún sitio. La clave es que hay que ejercerlo con responsabilidad y dentro de unos límites, ya que los jueces desempeñamos una labor muy importante. Somos poder del Estado. En este sentido, si el Consejo nos dice que no tenemos derecho a huelga respetaremos la decisión, aunque recurriremos la medida. No vamos a hacer una huelga ilegal.
Los contrarios a la huelga de jueces argumentan eso mismo que son ustedes "un poder del Estado" y que no pueden recurrir a esta medida igual que un ministro o un diputado no pueden hacer huelga...
Este es un argumento demagogo y falaz. Ya que un diputado o un ministro sigue patrones de trabajo distintos a los nuestros. Nuestras condiciones salariales nos la fija el Gobierno y también estamos sujetos a las directrices del CGPJ. Nadie se cree que un juez de primera instancia de un pueblo tenga las mismas condiciones de trabajo que un ministro. Decir eso es una tontería. Por supuesto, que somos un poder del Estado pero trabajamos como función pública.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado a través del ministro Bermejo que está estudiando regular por ley la prohibición del derecho de huelga a los jueces ante las lagunas legales que presenta este aspecto. En ese caso, ¿ustedes qué harán?
Pues si el Gobierno hace eso nosotros recurriremos al Tribunal Constitucional y será el quien decida entonces si tenemos derecho a la huelga o no.