La construcción nacional es una quimera -sin relación alguna con los datos- hacia la que se va con una mano en la pistola y otra en el bolsillo. Con una se asesina a los constitucionalistas, con la otra se les esquilma, en cuanto contribuyentes, para pagar la estrategia de la que son víctimas. Que el Gobierno vasco dedique dineros a una reunión de municipios nacionalistas cuya finalidad es sustituir al Parlamento vasco sólo puede considerarse o como una fatal ingenuidad o como un golpismo económico. Un fujimorazo con cargo a los presupuestos públicos en el que el Montesinos del enredo -hilarante si no fuera trágico- sería García Gaztelu, el asesino material de Miguel Ángel Blanco y el que envía como terroristas suicidas de la jihad islámica a jóvenes psicópatas para matar a siete concejales.
Esta nueva cantera de etarras es la consecuencia de un sistema pedagógico, de una escuela y de una concepción del poder político que concibe la administración de la cosa pública no a favor de todos los ciudadanos, sino para depredar fondos de los contribuyentes en beneficio de una casa tan manifiestamente manchada de sangre.
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