Existe la extraña propensión a sustituir los debates actuales por otros históricos, o a justificar las tropelías aquí y ahora en nombre de difusos agravios ancestrales. Tal patraña no engaña a casi nadie, aunque sigue costando mucho dinero público. Esos debates son una engañifa inmoral: nunca una lesión de derechos personales anterior justifica otra. Así que, sin entrar en el debate abierto por Pilar del Castillo, que pertenece a la historia, cabe decir, en aras de la lógica, que cualquier persecución de la dictadura al “catalán” no justifica la persecución actual de Pujol al “castellano” y entrecomillo porque para nada existen derechos colectivos de las lenguas, sino derechos personales, y toda imposición es una coacción a la libertad individual, que es lo que importa.
Detrás del anunciado despilfarro libresco de Pujol –que sigue a otro envío con conferencias suyas para contrarrestar la cazurradas xenófobas de Marta Ferrusola con añadidas confidencias de alcoba– no hay más que un gesto intervencionista para echar tinta como el calamar sobre su persecución a los castellanos, a los castellano hablantes, me refiero.
Con estos debates históricos, hace unos años en la Comunidad Valenciana el pancatalanismo rampante (se habla poco de la vis imperialista de los nacionalismos) puso en marcha un movimiento, financiado con dinero público desde el PSOE, que se bautizó con el contradictorio nombre de Bloque de Progreso Jaime I, que es como si hubiera un Bloque de Progreso Alfonso X El Sabio o don Pelayo o Witiza. Vamos que Jaime I sería un rey muy conquistador y respetable, pero situarle a estas alturas como adalid del progreso es cuanto menos un chiste de Gila.
Lo curioso es que la filosofía de imposición lingüística constituye consenso que afecta a las formaciones políticas nacionales. El conseller de Educación de la Generalitat valenciana, Manuel Tarancón acaba de anunciar que se exigirá a los docentes en activo y a los opositores el conocimiento del valenciano, convirtiendo de esa forma el derecho en deber y desconociendo, como en toda medida autoritaria, la realidad, pues en la Comunidad Valenciana más del cincuenta por ciento es exclusivamente castellano-parlante y lo es, en muchas comarcas, desde los tiempos de Jaime I. Bajo la fraseología de respeto o avance del bilingüísmo, en el fondo lo que se pretende es un proceso de ingeniería social para convertir en bilingües a personas y zonas monolingües como Orihuela, Requena o Morella.
Esto no es el progreso, es la reacción. Me resulta difícil dilucidar si Jaime I era progresista, pero me resulta fácil considerar a Pujol –y a Tarancón– reaccionarios, como lo son los que, en nombre de falacias, agreden los derechos personales. Al final, la sociedad suele ser más racional y tolerante que sus políticos.
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