En el País Vasco hay “zonas liberadas” –comarcas, pueblos, barrios– donde el Estado de Derecho es inexistente. Tales zonas procuran vivir al margen para no contaminar sus verdades absolutas que pasan por el asesinato. En esas zonas no sólo se alienta el terrorismo, también se practica con coacciones, preparando el ambiente para la “ejecución” o con atentados de “kale borroka”. Frente a esas zonas donde reina el delito –mucho más allá de ese eufemismo de la apología del terrorismo– el Estado de Derecho está desarmado, ha hecho una dejación consciente de sus responsabilidades como peaje a la irracionalidad. Se suponía que con tal proceder se beneficiaba no se qué deriva hacia posiciones democráticas del entorno etarra que nunca se produce. Como es norma en el totalitarismo –Eta y Batasuna son más y menos que un movimiento nacionalista, son un movimiento totalitario– el devenir historicista del tiempo conlleva procesos continuos de depuración interna y radicalización. En esas “zonas liberadas” Batasuna, de hecho, de manera perversa, ha sustituido a la policía. Un esquema similar al Chicago de los años treinta.
En buena medida, ese desarme suicida del Estado de Derecho ha sido una estrategia consciente de Ajuria Enea, una connivencia. Para ello se han dejado en suspenso, por ejemplo, criterios de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, explícitamente contemplados en la Constitución y en el Estatuto de Gernika, documento que sólo se contempla desde una óptica reivindicativa y, al tiempo, restringida.
Ya dije en su día que la estrategia de recuperación de la calle por los ciudadanos no era otra cosa que la confirmación del déficit existente de Estado de Derecho, pues en cualquier democracia tal misión corresponde a la Policía y a los Tribunales. No puede ser nunca estrategia política condescender con el delito, pues eso genera una sensación de impunidad y debilita en el fondo y en la forma a la democracia. Hay amplias zonas geográficas del País Vasco donde de hecho no hay democracia. Gracias a ello gana el nacionalismo las elecciones. Nada tan abyectamente hipócrita como esos juicios mediáticos en los que se desconocen tales realidades y aun se culpa a los constitucionalistas de una situación que padecen con riesgo para sus vidas.
La situación es que esa impunidad como costumbre se está volviendo contra la policía autónoma vasca, convertida en la fuerza “cipaya” del PNV. Y, por otra parte, los batasunos han visto que su poder se está cuarteando en las urnas... a manos precisamente del PNV, que, en su relativismo moral, los ha utilizado como bolsa de voto afín. Recuperar el Estado de Derecho ha de ser el primer objetivo de un gobierno legítimo (la legitimidad es de origen, también de ejercicio). El autogobierno real, el que falta en el País Vasco, es el de los ciudadanos para poder convivir en libertad sin riesgo físico por sus opiniones.
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