Que el Gobierno quiera el máximo consenso de cara a la ilegalización de Batasuna está bien, pero no por ello debe dar coba a quienes se andan con ambigüedades a estas alturas. En la línea que siempre ha defendido Ángel Acebes, que ya decía lo mismo cuando era titular de Justicia, busca el mayor respaldo, aunque no hay que dejarse llevar por cierto infantilismo político.
La ilegalización de Batasuna es un asunto muy serio, pero no debemos magnificarlo ni dejarnos llevar por malintencionadas, obsoletas y agostadas acusaciones que nos recuerdan un oscuro pasado. En una democracia mayor de edad y consumada, con un Gobierno en mayoría absoluta, el apoyo del principal partido de la oposición sería más que suficiente. Sobre todo cuando quienes andan mareando la perdiz son los que habitualmente juegan al despiste en beneficio propio. Si en esta ocasión no se retratan, será su responsabilidad y no del Ejecutivo. Sus electores tendrán que pedirles cuentas, exigirles una explicación de porqué se han quedado al margen de una decisión, la de pedir la ilegalización de quien apoya a los asesinos, que es de conciencia, de defensa de la democracia y de los derechos más elementales y, en definitiva, de Estado.
Si Pujol no se da cuenta de ello, sus votantes deberían castigarlo en las urnas, precisamente cuando Cataluña, y esto ni siquiera haría falta decirlo, ha vivido en sus carnes el ataque terrorista. El Gobierno cuenta con medios para presionarle –no olvidemos que CIU necesita los votos del PP en el parlamento catalán– pero, en este caso, no debería de utilizarlos. Que sea su conciencia, fuera de provechosos partidismos, la que les haga decidir.
El Gabinete Aznar, que tiene elementos suficientes para iniciar los trámites y dejar a Batasuna en la ilegalidad –donde hace mucho que debe estar– no precisa más apoyos que los que tiene, sus votantes y, si quiere, también los del PSOE, pero sobre todo una sociedad que quiere vivir en paz y en libertad. Es su deber defendernos.
La conciencia de Pujol
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