Desde aquel "vuelva usted mañana", de José María de Larra, media España odia a los funcionarios y la otra media quiere ser uno de ellos.
Hay razones para quejarse de su eficacia, de su impuntualidad, de su lentitud, de su ineptitud, de su soberbia, de su dejadez, de su pachorra, de su amiguismo, de su inmovilismo y nula voluntad de superación; en fin, ¡podríamos quejarnos de tantas cosas! Todavía guardo en la memoria una cola de viejos campesinos castellanos a los que se les acababa de timar sus derechos de viñas en nombre de no se sabe bien qué disposiciones, maltratados por un funcionario por faltarle el dato mil veces entregado, pero jamás archivado por dicho servidor público. Se me revuelve el alma aún al recordar cómo ese funcionario de medio pelo abroncaba a un pobre viejo arrugado y analfabeto. Podía ser su padre o incluso su abuelo. Era la planta 14 de la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora. No era una excepción, sólo el despotismo de hidalgos a sueldo en una administración que arrastra siglos sin dar cuenta a nadie de nada.
El Gobierno quiere meter en vereda la pachorra de estos servidores públicos y para eso acaba de presentar el futuro "Estatuto de la Función pública", con el que pretende mejorar la calidad y el rigor del trabajo de los funcionarios. Serán sometidos a evaluaciones periódicas y de su resultado dependerá el monte de sus retribuciones, incluso su continuidad en el trabajo. De lo que se deduce que podrían perder su puesto de trabajo, aunque no su empleo; es decir, podrían ser trasladados a una nueva actividad sin dejar de ser empleados públicos.
Métodos hay para que un funcionario cumpla, como en cualquier otro trabajo, sólo es cuestión de ejercer la dirección e inspecciones adecuadas, pero regular por ley la pérdida del trabajo ganado en oposición puede convertir la función pública en el derecho de pernada de ideologías y limpiezas nacionales. Un gobierno no puede manejar la columna vertebral del Estado a su antojo. Estos cambian, pero ahí quedan miles de hormigas anónimas sosteniendo los órganos del edificio. Son trabajadores por oposición, la fórmula menos mala de ocupar un cargo en la administración y el método más eficaz para impedir que el político de turno enchufe a toda su familia sanguínea o ideológica.
No sé en otra situación, pero en la actual, donde los nacionalismos arrinconan en su pueblo a todos los que no le bailan el agua, es muy peligroso. ¿Se imaginan cómo y qué evaluarán los nacionalistas en los colegios de Cataluña? ¿Qué incumplimiento laboral pondrán como requisito para quitarte de en medio? Con esa herramienta, desaparecerán los pocos profesores que aún dan las clases en castellano o son incómodos con el discurso nacional. ¿Quién les impedirá evaluar como un incumplimiento laboral no dar todas las clases en catalán si ya lo han practicado antes sin ley alguna que los amparase? Poco importará si un profesor llega tarde, pasa de los alumnos o simula bajas. Bastará que dé las clases en catalán y comulgue con "la causa" para legitimar todos sus atropellos. Hemos visto demasiadas veces durante estos últimos años que ese era el criterio para ocupar puestos de responsabilidad en escuelas, universidades, institutos, diputaciones, oenegés, clubes deportivos, ayuntamientos, periódicos, radios y televisiones públicos; es decir, espacios laborales donde la decisión política era determinante. Imagínense ahora con el Estatuto legitimando el monolingüismo; para ponerse a temblar.
Pero no se equivoquen, si el catalán te salvaba ayer, hoy es preciso además que su contenido sea nacionalista, marca de la casa. Sus odios más viscerales van contra aquellos catalanohablantes que defienden la ciudadanía constitucional. Son sus conversos, los traidores a la familia. Así son las cosas aquí.