Creo que en los doce años que mantengo esta columna en diversos medios (los últimos cinco en Libertad Digital) nunca he escrito un artículo con clara orientación política. Ha sido una de las pocas premisas que me impuse al escribir sobre tecnología en la red. He escrito contra gobiernos de todo signo, pero nunca he con una intencionalidad política explícita. Me van a permitir que tras doce años este artículo vaya, no a atacar al Gobierno, que también, sino directamente a pedir que lo que este Gobierno ha hecho tenga su repercusión en las urnas. Porque lo que está pasando en la red en nuestro país es de enorme gravedad.
El viernes pasado se aprobó la Ley de Economía Sostenible (LES), y entre sus muchos preceptos se incluye un procedimiento para cerrar webs sin respetar las más elementales garantías judiciales e incluyendo rocambolescamente al juez como comparsa de un procedimiento administrativo. A todos los efectos, cuando la ley entre en vigor, en la internet hispana cualquiera que utilice hipervínculos es susceptible de ser censurado por una autoridad administrativa al servicio de la industria de los contenidos.
Todo este movimiento de los gobiernos por controlar la red empezó en 2001, cuando se comenzó a tramitar la primera LSSI, esa ley que el PSOE prometió derogar cuando llegase al Gobierno y que en lugar de derogar amplió en la LSSICE haciéndola todavía más restrictiva. La implicaciones de la LES son muchísimo más graves que las de las anteriores leyes, y pese a todo sospecho que no hemos visto nada más que la punta del iceberg. Porque lo que la LES hace no es sino empezar un proceso que puede acabar con la red tal y como la conocemos, a manos de los oligopolios que durante décadas han monopolizado la creación de contenido y que se encuentran en delicada situación porque son incapaces de hacer frente a los cambios que el mercado en red impone sobre sus modelos de negocio.
La LES da una vuelta de tuerca más. Una semana después de que un juez de Barcelona dictara una sentencia histórica confirmando la evidencia de que colocar un hipervínculo no puede equipararse bajo ningún concepto a distribuir material protegido por derechos de autor, el Gobierno cambia las reglas del juego. Y además lo hace desintermediando a quienes históricamente han dado la razón siempre y en todo lugar a los internautas: los jueces, que sólo podrán pronunciarse sobre un aspecto de todo el proceso de cierre. En el momento en que la LES entre en vigor, nadie estará a salvo de la saña de una autoridad administrativa mediatizada por la industria y por el poder político. Porque si de hipervínculos a contenido protegido alojado externamente se trata, mi blog probablemente contiene algunos de ellos. Y con esa simple condición la autoridad administrativa podría pedir su cierre y ejecutarlo en el plazo de una semana.
Se me dirá, y con razón, que nadie va a cerrar mi blog por unos links, ya que el juez (que se pronuncia sobre la vulneración de derechos fundamentales, y nada más) no lo permitiría. No, hoy no. Y mañana probablemente tampoco. Pero cada día que los ciudadanos permitamos que esta ley siga vigente se acerca más el día en que venga alguien que abuse de ella, en que venga otro y la endurezca, o en que venga otro lobby y pida medidas similares. Pronto vendrán los editores de medios exigiendo que quienes ponen links a su contenido paguen. Más tarde vendrán los editores de libros con similares reivindicaciones. Y al final el marasmo legislativo será de tal calibre que no habrá quien escape a las garras de la administración, cuya actuación acabará siempre condicionada por el poder político.
Lo que se discute con la LES no es si quitamos unos links al P2P para frenarlo (por cierto, buena suerte en el empeño, dentro de un año evaluaremos el éxito –o más bien el sonoro y patente fracaso– de la iniciativa). La discusión de fondo es si empezamos a enterrar nuestras libertades en una fosa y renunciamos al mayor espacio de libertad que se ha creado nunca en la historia de la humanidad, todo para que algunas industrias moribundas, mal gestionadas y completamente desorientadas tengan unos años más de margen para reorientar sus modelos de negocio. O tal vez ni eso, sólo un balón de oxígeno momentáneo mientras se hunden irremediablemente en la irrelevancia. La discusión es si enterramos, definitivamente, la idealista –y, para qué negarlo, poco realista– declaración de independencia del ciberespacio que John Perry Barlow redactó en 1996.
Mi trabajo no es dar soluciones a esas industrias, aunque lo haría de buena gana si me lo pidieran. Mi trabajo es apuntar que la libertad no es un ámbito negociable. La postura de máximos de quienes firmamos el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet es innegociable porque lo que nos jugamos con medidas de este tipo es nuestra libertad. Y este Gobierno, que presume (presumía, más bien) de diálogo y talante ha puesto en marcha lentamente una apisonadora de derechos sin arrugarse y sin pararse a reflexionar sobre sus consecuencias, sólo porque un lobby afín a sus intereses electorales así lo ha dictado.
Y aquí viene la conclusión política. Si la ley pasa el trámite parlamentario y entra en vigor, en las próximas elecciones no votaré a ningún partido que no defienda explícitamente la retirada de esta disposición de la ley y la vuelta a un régimen en el que los jueces sean los únicos garantes de los derechos y libertades de ciudadanos o empresas. No votaré a ningún partido que haya apoyado la puesta en marcha de esta ley, sea de las siglas que sea. Y pido a cualquiera que lea este artículo que haga lo mismo. Porque pocas cosas hay más innegociables en nuestra sociedad que la libertad, y no tenemos ningún instrumento más poderoso que la red para ejercerla.