La reacción del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es propia de un régimen despótico. Bajo formas sedicentemente democráticas, puestas en valor por casi todos los medios de comunicación al servicio del "institucionalismo" socialista o popular, asistimos al desmontaje socialista de la Constitución sin que el PP parezca enterarse de lo que sucede. La democracia, en verdad, muere lentamente en España con la colaboración de las principales agencias de socialización política, pero su principal guía es Zapatero.
Las declaraciones sistemáticas del presidente del Gobierno sobre cómo encajar y alojar las leyes orgánicas, e incluso la propia Constitución, en la parte del Estatuto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal reflejan de modo explícito la baja, casi nula, calidad de nuestra democracia. El problema es gravísimo, entre otros motivos, porque la oposición, el PP, denuncia con la boca chica tal proceso; es cierto que Rajoy ha reiterado que las sentencias de los tribunales hay que respetarlas, pero eso no es suficiente para detener la estrategia resentida y revolucionaria de Zapatero para desmontar el "régimen democrático".
La desatención, el descomedimiento y la falta de respeto que el Gobierno de Zapatero presta a las reglas de la democracia en general, y al acatamiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en particular, es de tal envergadura que parece haber llegado la hora de que el PP ponga en funcionamiento todos los recursos que aún alberga el mortecino sistema democrático español para parar al "Robespierre" de La Moncloa, que nos anunció en el último Consejo de Gobierno la decisión firme de reformar el Poder Judicial para adoptarlo a los deseos de los socialistas y nacionalitas catalanes. Ya no se trata de falta de respeto a las leyes, sino de convertir la ley en el derecho del más fuerte, es decir, la ley es lo que dice y hace el Gobierno.
Porque esa decisión traspasa todos los límites permitidos por una democracia basada en el Estado de Derecho, o mejor, en la división de poderes, es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero. O el PP se suma y pone el altavoz a las críticas formuladas por la Defensora del Pueblo sobre las pretensiones de Zapatero de adoptar la Constitución al inconstitucional Estatuto de Cataluña o tendremos que sospechar que sólo está interesado en el Poder. O el PP pone pronto en funcionamiento político la figura jurídica del desacato, e incluso trata de procesar por alta traición a los principios democráticos a Zapatero, o pensaremos que está de acuerdo con los socialistas para reformar la ley orgánica de la Institución del Defensor del Pueblo, o sea, que está de acuerdo con eliminar cualquier atisbo crítico del Defensor del Pueblo contra el antidemocrático gobierno de Zapatero.