El Tribunal Constitucional ha denegado a unos padres de Málaga su derecho a enseñarles en su propia casa, y les obliga a escolarizarlos. La sentencia es un despropósito. En primer lugar por motivos jurídicos. La Constitución no prohíbe a los padres educar en casa y no obliga a escolarizarlos. Como mucho, obliga a que los niños reciban una educación. El argumento de María Emilia Casas en la sentencia es estupefaciente. Dado que la Constitución no prohíbe que la ley prive a los padres del derecho de ser ellos los educadores, será válido lo que diga la ley del momento. Y entiende que la actual ley educativa sí niega ese derecho. Recordemos que el Constitucional tiene que juzgar las leyes en función de que se adecuen o no a la Constitución. Aquí hace todo lo contrario. Interpreta la Constitución en función de lo que diga una ley de rango inferior.
Por si ello fuera poco, lo que sí prevé la Constitución es que España firme tratados internacionales, como la Carta de Derechos del Hombre, de 1948, que reconoce el derecho de los padres de educar a sus hijos, o la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que dice lo siguiente: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas". Es decir, que reconoce el derecho de los padres de enseñar a sus hijos según la metodología pedagógica que consideren más adecuada. Y es evidente que no tienen por qué encontrarla en la educación reglada.
Todo ello aparte de que la familia había educado a sus hijos con un éxito académico que todos, incluidos desde luego los padres de María Emilia Casas, hubiésemos querido para nuestros hijos. Y todavía hay mucho más que decir sobre la sentencia.
La enseñanza en casa no está muy extendida. Y, además, esto es una sentencia, no una ley, de modo que no va a cambiar mucho esa realidad tras la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la última libertad que poseemos todos es la de obviar al Estado, declararnos en rebeldía frente a sus normas injustas y organizar nuestra vida como la entendamos. Y estamos hablando de nuestros hijos y nuestro modo de educarles, de modo que sí, es nuestra vida y nadie tiene derecho a decidir sobre ella, aparte de nosotros. La libertad de estas familias es la nuestra y es mucho lo que nos jugamos en esta nueva lucha del Estado contra nuestros derechos.