La relación que tenemos los ciudadanos con los políticos a menudo es de menosprecio, y la crítica pasa la frontera del análisis para convertirse en insulto. Nos valemos entonces de conceptos negativos, que nos ventilan el desahogo sin más zarandajas. Uno de los más utilizados es el de populismo, muy emparentado con la demagogia y la manipulación. Viene a cuento, a propósito de la campaña nacida en Cataluña contra los peajes de autopistas bajo el lema, "No vull pagar" (No quiero pagar"). Y viene a cuento porque el populismo no sólo es achacable a los políticos, también podemos abusar de él los propios ciudadanos.
Por populismo nos solemos referir a aquel liante de masas, –gobierne o no–, que tiende a minusvalorar la división de poderes, mangonear normas y leyes, y poner a su particular servicio las instituciones del Estado con el fin de gobernar o alcanzar el poder a través de la relación directa con el pueblo, entendido pueblo no como la suma de ciudadanos libres y distintos, sino como un todo mítico reducido al volksgeist o espíritu del pueblo. Asimismo la representación política, y la acción parlamentaria, a menudo es sustituida por la relación directa del líder con ese volksgeist, bien a través de la manipulación de sus emociones e instintos más primarios, o a través de eventos deportivos, plebiscitos y referéndums. A menudo, unos y otros recursos van juntos. El caso de Evo Morales al expropiar Red Eléctrica Española sin reparar en el derecho internacional y las obligaciones contractuales del libre comercio, pero sobre todo, ofreciéndola a "su" pueblo el 1 de mayo con la misma retórica peronista que su homóloga argentina, Cristina Kirchner, "como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales... bla, bla, bla", representa buena parte de esos males. El líder ha tomado al Estado y sus reglas como patrimonio personal y como tal, lo quita y lo da como si fuera una divinidad.
De la misma calaña, aunque con retórica enmascarada de victimismo colonial, es la amenaza al Estado del secretario de organización de CiU, Josep Rull para pavonearse ante el "pueblo de Cataluña", de crear una hacienda propia catalana si el Gobierno de la nación no se aviene a concertar un pacto fiscal. Con el agravante de reconocer que provocaría "un choque de legitimidades democráticas", y abriría un escenario de conflictividad con el Estado que nos llevaría (habla en nombre del "pueblo") a hacer "un ejercicio unilateral de soberanía". Su populismo no repara en que no ha lugar a un choque de legitimidades, sólo a una insumisión al marco constitucional del Estado, único sujeto de soberanía. Bien que lo sabe, pero mientras tanto, siembra agravios en el corazón de los catalanes y solivianta sus emociones. Un delito de consecuencias imprevisibles.
Sin embargo, no sólo los políticos pueden ser populistas en esta edad de la adolescencia donde nos creemos con derecho a todo sin reparar en sus costos, sino también lo pueden ser los propios ciudadanos, solos o dirigidos por los propios grupos políticos. La Plataforma Prou Peatjes (basta de peajes), bajo el lema "No vull pagar" (No quiero pagar), nacida de años de agravios comparativos con las autovías del resto del Estado, considera que los catalanes estamos hartos de pagar, mientras en España circulan gratis. El agravio de los ciudadanos insumisos movilizados por SI, que después de años de demagogia de ERC cometen el mismo abuso contra la democracia que el político de turno, da prioridad a sus instintos emocionales más primarios; como ignorar la amortización de capital y beneficios, o el coste y mantenimiento de las infraestructuras viarias contratadas bajo reglas comerciales; ignora igualmente y desacata las leyes de las que emanan sus derechos, pero también sus deberes, y recurre al victimismo más ramplón de... "mientras Cataluña paga, España circula gratis". Esa perspectiva victimista les impide apreciar, que mientras comunidades enteras han estado décadas sin una red de autovías gratis ni autopistas de pago, Cataluña, Madrid y País vasco contaron con una red de autopistas de pago que permitieron su desarrollo. Si una decisión acertada, como fue la de generalizar las autovías a toda España para vertebrar el territorio, choca con trazados de autopistas privadas, parece razonable que antes de doblarlas, lleguen a donde no hay ni una ni otra.
Pero en todo caso, ¿quién renovó la concesión de la A–7 en 1999 después de expirar el contrato de concesión con el Estado, Sr. Pujol? ¿Por qué? ¿Quién decidió hacer la autopista de Manresa? El Gobierno de Jordi Pujol. ¿Por qué? Todavía corre el rumor de que los cinco mil millones de pesetas derrochados en la campaña del fallido partido reformista de Roca salieron de esa concesión. ¿Por qué la media de subidas de las autopistas catalanas fue del 5% por ciento el año pasado? Porque así lo dispuso el Gobierno de la Generalidad y del Estado en connivencia con las empresas beneficiadas. Si realmente las concesiones de las autopistas catalanas están más que amortizadas y las subidas anuales son abusivas, ¿por qué no se critica al Gobierno de la Generalidad, en lugar de recurrir al agravio permanente con el resto de España?
Al populismo del pueblo, se le ha sumado ayer, el del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas con una carta a los organizadores de la campaña "No vull pagar" instándoles a que remitan sus quejas al Gobierno y no a Abertis, empresa concesionaria de la mayoría de los peajes de Cataluña. El colmo del victimismo y de la irresponsabilidad. Curiosamente, Salvador Alemany, presidente de Abertis es asesor del presidente de Cataluña. El oasis de aguas podridas refleja su verdadera cara.
Tenemos todo el derecho a que los peajes no sean abusivos y las amortizaciones no se prolonguen en el tiempo por intereses políticos. En Cataluña y en toda España. Eso sí justificaría la protesta, nunca sus métodos.