Tras el plante de los representantes de Andalucía y Cataluña y el voto negativo de los de Asturias y Canarias a los objetivos de déficit y endeudamiento autonómicos fijados por Cristóbal Montoro, el portavoz del Partido Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha recordado que "España es una" y que, por lo tanto, el Gobierno "aplicará las leyes" y todas las comunidades "tendrán que cumplir" los objetivos de déficit y endeudamiento mantenidos el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hace bien el gobierno de la nación en transmitir una imagen de firmeza frente a esta irresponsable rebelión autonómica que tan pésima imagen de nuestro país transmite y que este martes hizo que nuestra ya elevada prima de riesgo se volviese a disparar. Controlar el excesivo gasto autonómico es una de las exigencias más claras y reiteradas que nos han venido haciendo tanto el FMI como el BCE o la Comisión Europea, por lo que el gobierno hará bien en hacer honor a sus palabras de firmeza.
En cualquier caso, lo que ya podemos denunciar es la demagogia y las trampas dialécticas con las que los representantes autonómicos, así como el propio Rubalcaba, han tratado de justificar su intolerable negativa a ajustarse el cinturón, tal y como exigen las circunstancias y dicta la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado mes de abril. Tanto Griñán como Rubalcaba han tratado de presentar los objetivos del gobierno como "discriminatorios" para las comunidades no gobernadas por el PP, además de señalar que su cumplimiento es equivalente al "cierre de escuelas y hospitales".
Para empezar, y aun siguiendo el errado razonamiento de los socialistas que pasa por alto el desigual endeudamiento de partida de las diferentes autonomias, la comunidad que resultaría más "perjudicada" por un límite de endeudamiento más bajo no sería ni Cataluña, ni Andalucía, sino una región gobernada por el PP como es la de Madrid. Y eso se debe no a ninguna inquina especial de Montoro, sino al hecho de que la Comunidad Madrileña tiene el nivel de endeudamiento de partida más bajo.
De igual forma, es cierto que la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, va a tener un límite de endeudamiento mayor que el de Andalucía, pero eso tampoco se debe a ningún criterio partidista sino al hecho de que la deuda de la Comunidad Valenciana -o la de Cataluña- es aun mayor que la de Andalucía. Es ese desigual punto de partida, y no otra razón, lo que explica que el techo de deuda sea distinto en cada región.
Por su parte, la oferta de la representante andaluza de ajustarse al objetivo de déficit pero sólo si se le permite mayor endeudamiento no es otra cosa que un insulto a la inteligencia: si el déficit no generara deuda no habría ningún problema con dichos desequilibrios presupuestarios.
Con todo, aun peor ha sido la demagogia con la que Griñán y Rubalcaba han asegurado que el ajuste exigido por el Gobierno supondría el cierre de "la mitad de las escuelas y hospitales" que existen en Andalucía.
Aunque no seremos nosotros los que neguemos que también en el terreno de la salud y de la enseñanza la Junta de Andalucia puede y debe hacer mayores ejercicios de eficiencia, lo cierto es perfectamente posible afrontar la tímida reducción del gasto público que el Gobierno exige sin tener que reducir en nada las partidas que se dedican a la educación y la sanidad de los andaluces. El número de empresas públicas andaluzas –no precisamente las escuelas o los hospitales- no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado durante todos estos años de crisis. A principios de 2008 la cifra de entes públicos era de 258, pero ha crecido hasta los 361 actuales; es decir, que aumentaron en un 40%. El endeudamiento de la comunidad se incrementó en 6.561 millones de euros, de los que el 8% vienen de las empresas públicas. Andalucía es, además, la tercera comunidad en la que más se ha incrementado la deuda de estos entes (un 317,5%).
Cosa distinta es que ahora los gobernantes prefieran ahorrar en servicios públicos esenciales a cortar toda esa grasa de la que viven sus redes clientelares de enchufados y de cargos situados a dedo. Prueba de ello es la firme defensa que el propio Griñan acaba de hacer de Canal Sur, cuyos servicios como hospital o escuela nos resultan totalmente desconocidos, pero al que la Junta le piensa inyectar este año 122 millones de euros que tampoco le evitaran los números rojos: el déficit anual será de otros 30,5 millones.
Esperemos, pues, que al Gobierno del PP no le tiemble la mano a la hora de cumplir y hacer cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no es otra cosa que un imperativo de nuestra realidad financiera, frente un insostenible y empobrecedor entramado público ajeno a los verdaderos intereses generales de la ciudadanía.