Nos asegura Luis Herrero, sin adversativo alguno que le reste valor al término, que Torres Dulce "estaba en la idea, si Mas consumaba el acto de desobediencia al TC, de presentar contra él una querella por sedición". Es una pena que el bueno de D. Eduardo no hiciera pública esa idea en la que estaba por lo menos desde el mismo día en que Artur Mas asegurara que "ni tribunales ni constituciones" le impedirían celebrar la consulta secesionista del 9-N. Lo digo porque si de lo que se trata es de impedir un delito, la disuasión conviene hacerla antes de que se perpetre. Hubiera también sido conveniente que el fiscal general del Estado hubiera hecho público su compromiso a fin de evitar la sensación de impunidad con la que el muchos hemos creído durante tanto tiempo –empezando por el propio Mas– que el presidente de la Generalidad podía perpetrar su ya consumado desafío a nuestro Estado de Derecho sin temor a reproche penal alguno.
No sé con qué grado de seguridad y en base a cuántas fuentes contrastadas nos asegura Luis Herrero que Rajoy, "cabreado como una mona, se vio en la necesidad de dar una respuesta política inmediata y contundente a la presuntuosa provocación del presidente catalán y trató de instrumentalizar a la fiscalía para que, como anunció Alicia Sánchez Camacho el martes 11, la querella por prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones se presentara aquella misma mañana". Yo lo que se es que la única mona –o mono– en que vi retratado a Rajoy durante esos días fue esa que se tapa los ojos, los oídos y la boca para no ver, no escuchar y no decir nada respecto del 9-N. Cuando por fin el presidente del Gobierno de España hizo una comparecencia, el miércoles 12, para valorar el 9-N no dio la impresión de estar muy cabreado por un referéndum o consulta ilegal que, según él, no se había producido.
Hay que decir, por otra parte, que en modo alguno habría supuesto "instrumentalización" alguna de la justicia que el Gobierno de Rajoy hubiera instado a la Fiscalía a que interviniera si hubiera valorado que el 9-N se perpetró algún delito. Pero lo cierto es que, al margen de las maniobras de distracción de Sánchez Camacho, el Ejecutivo no elevó ni ha elevado hasta la fecha requerimiento alguno a la Fiscalía, tal y como la ley contempla. El hecho es que, hasta el día de hoy, la Fiscalía General del Estado se ha mostrado tan renuente como el Gobierno a que el peso de la ley –y no el cabreo de ninguna mona– caiga sobre el autoproclamado "máximo responsable" del 9-N.
No se cómo valorará Luis Herrero la negativa de la Fiscalía General del Estado a pedir la comparecencia de Gómez Benítez en el caso Faisán. No se cuál será su valoración de la no actuación de la Fiscalía ante la clamorosa desobediencia que se perpetra en Cataluña en materia lingüística. O de la sentencia de conformidad del caso Pallerols. O de su pasividad (y de la de Hacienda) ante el clamoroso agujero fiscal de la Asamblea Nacional Catalana denunciado por la prensa.
Yo no tengo fuentes con la que contrastar mi valoración de Torres Dulce o de Rajoy, personas a las que ni siquiera he visto en mi vida; Pero si por lo hechos los he de conocer, diría que, hasta el día de hoy, el fiscal general del Estado no ha querido ver más ilegalidad que la que ha querido ser vista por el presidente del Gobierno. Sé de muchas personas buenas que se han torcido por las circunstancias, que, como decía Napoleón, a veces son más fuertes que los hombres. Lo que sé es que el Gobierno de Rajoy no se ha atrevido a dejar de financiar, ni a disuadir ni a castigar el ilegal desafío secesionista. Y que, como el maximalismo nacionalista no lo remedie, este Gobierno hasta sería capaz de premiarlo con nuevas concesiones.