El presidente de Venezuela amenaza a la oposición con los modos de un sicario, el alcalde de Cartagena chulea a sus concejales con la brusquedad de un déspota, la presidenta del Parlamento catalán decide desobedecer al Tribunal constitucional con la obscenidad de un trilero…
¿Qué es un país democrático? ¿Por qué en unas sociedades la democracia parece imposible y en otras parece inconcebible otro régimen?
Aunque la tolerancia y la democracia parezcan naturales, no lo son en absoluto. Son el fruto de la lucha de la razón contra el instinto depredador de la naturaleza humana. Dos mil quinientos nos separan desde que diera sus primeros pasos en la Atenas de Pericles. Un camino lleno de dificultades, con constantes retrocesos y siempre amenazado.
Bueno es saber que la sociedad democrática de los actuales Estados de Derecho consolidados es hija de la Ilustración, de hace tan solo tres siglos. Y, si somos rigurosos, la plenitud que manifiestan hoy data del final de la II Guerra Mundial.
Tendemos a olvidar que los valores en que se cimenta una sociedad no provienen de nuestra naturaleza genética, sino del esfuerzo educativo que se invierte en mantenerlos y mejorarlos cada día. De la sociedad en su conjunto. El proverbio africano que dice "Para educar a un niño hace falta la tribu entera" subraya con exactitud la dificultad. Todos nos hemos de hacer cargo de su mantenimiento si no queremos que el instinto y el despotismo del más fuerte o el más bruto nos devuelvan a las cavernas.
Lección tan obvia, sin embargo, parece olvidarse a menudo. ¿Cómo es posible que exista un país donde se permita a su presidente amenazar a la oposición con exterminarla, con dar un golpe de Estado si los ciudadanos no le votan mayoritariamente, que llama mierdecilla al presidente de otro, con formas y modos tan contrarios a la democracia? El mal no está sólo en la naturaleza de la amenaza. Por muy nefasta que sea tal amenaza, quizá sea aún peor la pedagogía antidemocrática que transmite al conjunto de los ciudadanos. Las leyes se pueden aprobar y cambiar en un instante, pero para lograr o cambiar los valores sociales se necesitan años, a veces generaciones. La irresponsabilidad de ese energúmeno es, por tanto, un crimen contra la humanidad. El mismo crimen, en ningún caso menor, que el que cometen a diario en Cataluña los líderes nacionalistas al envalentonar a sus ciudadanos contra el Estado de Derecho. Cuando David Fernández, de la CUP, desprecia la sentencia del TC que anula la resolución independentista del Parlamento de Cataluña ("No reconocemos ninguna autoridad al Tribunal Constitucional"), está haciendo exactamente lo mismo que Maduro: pedagogía del desprecio a la legalidad democrática. Cuando Neus Munté, vicepresidenta en funciones de la Generalidad de Cataluña, menosprecia el órgano democrático que la emitió ("La legitimidad del Tribunal Constitucional en Cataluña es poco menos que cero") y asienta que el contenido de la resolución "se mantiene inalterable en todos sus extremos" está educando a los ciudadanos en la insumisión a la democracia. Y si tales comportamientos son reiterados y justifican las más bajas pasiones de la naturaleza humana, lo que están haciendo estos fascistillas postmodernos es educar a los ciudadanos en la arbitrariedad y el despotismo. La ley solo la cumplo si me interesa. O sea, el cainismo que nos llevó a masacrarnos a lo largo de los últimos dos siglos.
No es menor el abuso del alcalde de Cartagena, José López, cuando da un espectáculo impropio y repugnante en nombre de la ley democrática que no respeta.
En los casos de Venezuela y Cataluña, los medios de comunicación son utilizados para amplificar la socialización antidemocrática bajo el pretexto de preservar el bien o garantizar la democracia que envilecen. Afortunadamente, en el tercero nos advierten del mal. En los tres, un atentado contra la buena educación democrática. Terrorismo intelectual.