¿Qué cuerpo se le quedaría si Bárcenas y sus amigotes de corrupción llamaran a la sublevación contra el juez que debía juzgarlos amparándose en que su proceso es un ataque a la nación española? ¿Ridículo, verdad?
Pues bien, Artur Mas lo está haciendo sin pudor alguno mediante la campaña El 6-F ens jutgen a tots ("El 6-F nos juzgan a todos"). Efectivamente, el próximo 6 de febrero tendrá que presentarse ante los tribunales por convocar el referéndum ilegal del 9-N. Pero lo juzgan a él, no al pueblo de Cataluña ni a Cataluña. Las entidades que organizan el atentado contra la separación de poderes (L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM) pretenden rodear el Palacio de Justicia para impedir que se le juzgue. Incluso llamando desde el Gobierno de la Generalidad a faltar al trabajo para sumarse al linchamiento de la ley.
¿Se pueden imaginar a Bárcenas acogiéndose a sagrado en nombre del pueblo español? ¿Verdad que suena a chiste? Pues entonces, ¿por qué estos indepes del 3% y sus medios jalean al ciudadano corriente, y buena parte de ellos cae en el delirio, indignada contra las reglas del Estado de Derecho?
Mucho mal ha hecho el adoctrinamiento catalanista desde que Pujol tomó el Gobierno de la Generalidad en 1980. No es un problema surgido en 2012, como suelen repetir ciudadanos recién llegados a la refriega independentista. Se engendró el día mismo que entró Jordi Pujol en la Generalidad y puso en marcha su delirante construcción nacional mediante una sucia y taimada ingeniería social. Una hoja de ruta que incluía torcer el derecho hasta convertirlo en un guiñol y llamar democracia a lo que la niega.
El esperpento jurídico ha llegado tan lejos que ayer, 1 de febrero de 2017, y hoy, 2 de febrero, sendos manifiestos surgidos de los profesionales del Derecho se rebelan ante la mofa diaria que nuestros nacionalistas hacen de él. El primero: Manifiesto de abogados catalanes con la Constitución, celebra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 1/12/2016 que condena al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (Cicac) por vulnerar los derechos fundamentales de sus colegiados, entre ellos el de libertad ideológica, por haberse adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir sin respetar el parecer de sus miembros.
El manifiesto, encabezado por Ramón de Veciana, muestra su preocupación porque
los órganos de gobierno de nuestros Colegios profesionales, en nombre de todo el colectivo profesional, den respaldo a instituciones, entidades o grupos que menosprecian la Constitución, desautorizan constantemente las decisiones del Tribunal Constitucional, incitan a la desobediencia de las decisiones judiciales y defienden la vía de hecho como un método admisible para hacer realidad sus proyectos políticos, al margen de los procedimientos previstos por el propio ordenamiento jurídico para su eventual reforma. Se empieza por el desprestigio de los Tribunales, se sigue con la desobediencia a sus decisiones, y se acaban violando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
El otro manifiesto, El Derecho, al servicio de las libertades, quiere dejar sentado que "no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley". Quieren dejar sentado que no hay democracia fuera de la ley y que comienza a ser bochornoso que políticos y medios prostituyan el lenguaje del Derecho para obligarles a decir lo que no dice.
Sus impulsores han sido Eloy Moreno, Pere Lluís Huguet y Manuel Piñol, y entre sus firmas figuran abogados tan prestigiosos como Eugeni Gay Montalvo.
Hoy, más que nunca en Cataluña, viene a cuento citar las esperanzadoras palabras de Abraham Lincoln: "Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… Se puede engañar a algunos todo el tiempo… Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".