Aunque no me resulta en absoluto sorprendente, bueno es que se sepa que la mayoría de los españoles –incluida la mayoría de los votantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos– reclama al Gobierno la suspensión de la Administración autonómica catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Sin embargo, el oportunísimo sondeo publicado este lunes por El Mundo arroja también otro dato no menos interesante, como es el hecho de que el 34,5% de los votantes de Podemos también se muestra partidario de la aplicación del 155, frente a un 58,1% que se opone a la suspensión de la autonomía.
Con todo, el hecho de que casi la mitad de los votantes de Podemos (concretamente, el 40,1%) sea partidaria de no permitir la ilegal consulta secesionista del 1-O y que más de un tercio de su electorado sea partidario incluso de la suspensión de la autonomía desvela el largo alcance del absurdo complejo de esas élites políticas y mediáticas que, incluso pudiendo considerar oportuna la suspensión de la Administración en rebeldía, afirman que el partido que la reclamase se quemaría electoralmente.
No menos absurda es la renuencia al 155 de quienes afirman que es posible impedir la nueva consulta secesionista –siempre sin atreverse a decir cómo– sin llegar "al extremo" de suspender la Administración autonómica secuestrada por los golpistas. Para empezar, y dada la persistente adulteración por parte de Rajoy y de tantos otros de un concepto tan encomiable como el de proporcionalidad, habrá que recordar, parafraseando a Julián Marías y precisamente en defensa de la ponderación:
A veces no hay que rehuir los extremos cuando es menester: una estimación tibia ante lo que merece entusiasmo es un error; un leve desagrado o mohín de displicencia ante lo repugnante, una cobardía.
Yo no digo, por otra parte, que sin la suspensión de la Administración regional en Cataluña sea literalmente imposible evitar una nueva consulta ilegal como la que se nos vecina. Lo que digo es que me parece, a corto plazo y a la espera de deshacer la laboriosa y exitosa obra de ingenieria social llevada a cabo por los nacionalistas en las últimas décadas, la forma más prudente, sensata, proporcional y efectiva de acabar con la crónica de este nuevo delito anunciado. Lo que me parece absurdo es que disponiendo de la llave del coche tratemos de arrancarlo mediante un puente que genere un cortocircuito. En este sentido, me parece absurda, al tiempo que peligrosísima, la persistente cobardía del Gobierno, que no se atreve a suspender la Administración secuestrada por los golpistas al tiempo que pide valentía a los funcionarios y a los alcaldes para que se rebelen contra las ilegales directrices de los golpistas a los que ese mismo Gobierno de Rajoy permite seguir ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña. Tan esperpéntico –y a la vez temerario– como incitar a la desobediencia –en aras de la legalidad– a los mossos d’esquadra contra sus superiores jerárquicos, como tratar de interceptar las papeletas o las urnas, ya sea antes o el mismo día de la votación ilegal.
Me parece esperpéntico, en definitiva, que el Gobierno crea posible que la solución pase por un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando el problema radica precisamente en el firme y largamente acreditado compromiso de los sediciosos mandatarios regionales con la desobediencia a lo que diga el ordenamiento jurídico español, en general, y al TC, muy en particular. Eso, por no hablar del hecho de que, tanto si se impide como si no la nueva consulta secesionista, después del 1 de octubre puede pasar de todo menos que los mandatarios regionales de Cataluña se conviertan en unos escrupuloso defensores de nuestro Estado de Derecho.
Así las cosas, y parafraseando lo que con tan tardío, sorprendente y fugaz acierto dijo hace poco Juan Luis Cebrián, ha llegado el momento de que el debate no sea "cuándo van los nacionalistas a lograr la independencia sino cuándo van a recuperar la autonomía".