Los primeros disturbios callejeros de los separatistas, tan predecibles, han sembrado el nerviosismo entre aquellos que nunca han tenido claro que la legalidad democrática debe defenderse frente a quienes pretenden acabar con ella. Por precisar: no lo tienen claro cuando los que quieren acabar con la legalidad democrática, y ya han dado pasos clave que la liquidan, son los separatistas catalanes. Dudo de que fueran tan tolerantes y comprensivos con otros agentes políticos que hicieran tal cosa. Sin embargo, el nacionalismo catalán no sé qué tiene que siempre ha despertado una enorme disposición a la transigencia y a la componenda. Bueno, sí sé qué tiene y ha tenido: mucho poder y mucho dinero. Es increíble cuánto hacen por estimular la sensibilidad estos dos elementos, tan materiales ellos.
Dicen estas almas nerviosas que los separatistas, con la actuación que desarrolla el Estado de derecho, han obtenido lo que querían. Hombre, hombre, más obtendrían si se permite que el día señalado para consumar el golpe, esa consumación tenga lugar. Sin contar con que tal cosa obligaría a actuaciones a mayor escala y en peores circunstancias: un escenario con urnas se presta demasiado a la manipulación en la que tanto se han ejercitado los de la operación golpista. Aunque ya imagino que los que se han puesto nerviosos por las detenciones y las protestas dirían entonces que tampoco hay que actuar para no darles lo que quieren. ¿Será que, con el fin de no darles a los separatistas lo que quieren, hay que darles lo que quieren?
No sé muy bien qué es lo que proponen que se haga. Ahora. No lo que se debería haber hecho o no, sino qué debe hacerse hoy, llegados a este punto. Leyendo entre líneas, da la impresión de que lo que querrían es que el presidente del Gobierno llamara a Puigdemont mañana para decirle: "Venga, bájate del carrilet, que vamos a negociar un cupo fiscal que dejará pequeñito al pufo vasco". Si es así, están en el pasado: no acaban de creer que los cabecillas de la sublevación contra la legalidad democrática están por la ruptura y no por una financiación autonómica distinta. Igual, por cierto, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha perdido una gran ocasión para permanecer callado.
Metido, por voluntad propia, en un callejón sin salida, el procés no podía poner el freno ni la marcha atrás. No tenía otra salida que buscar el enfrentamiento sin paliativos, provocarlo y provocar un suceso. Un suceso para reiniciar una máquina que daba signos de agotamiento. El terreno del suceso iba a ser, en cualquier caso, la calle. Fuese con el intento de hacer la votación ilegal. Fuese con la protesta en caso de que no se permitiera. Fuese con una declaración de independencia formulada en el Parlamento y apoyada por las bases movilizadas. El terreno iban a ser la calle y, a través de ella, los medios. Los medios, y en especial los televisivos, empezando por el que controlan por completo, proyectarían el suceso para convertirlo en una de esas rebeliones populares que tanto gustan a las cámaras: la primavera árabe, la plaza Tahrir, el 15-M, el Occupy Wall Street.
Los nerviosos dan por sentado que el recurso a la calle favorece a los separatistas. Que de ahí saldrán reforzados, hechos unos héroes o unos mártires. Pues no. No necesariamente. El asedio a la consejería donde se practicaba un registro, la destrucción de los coches de la Guardia Civil, el cerco a la sede del Tribunal Superior de Justicia: nada de eso pone bajo los focos a un cívico y pacífico movimiento, sino todo lo contrario. Otros episodios callejeros han hecho ya visibles algunos de los peores rasgos del separatismo. Ahí está el ataque a una tienda de la familia del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con pintadas reveladoras de la pulsión xenófoba. O la agresividad contra los informadores que están trabajando in situ. La calle tiene riesgos para los separatistas. Sus dirigentes han atizado el fanatismo, el odio y la ira, y muchos de sus seguidores van a sacar ahora en la calle todo lo que llevan dentro. La calle tiene el peligro de dejarlos retratados.