El otro día, Inés Arrimadas fue entrevistada en TV3. Este fue uno de los momentos de la entrevista, si así queremos llamarla.
P: ¿Cómo se entiende que en la noche electoral, la noche del 21 de diciembre, en aquella celebración en el centro de Barcelona, hiciera todo el discurso en castellano? ¿Cuántas palabras dijo en catalán, señora Arrimadas?
R: No tengo a nadie contando, no sé si en TV3 tenéis a gente contando las palabras que digo en cada idioma…
P: Seguro que no.
R: ...que no me extrañaría…
P: Tenemos otro trabajo.
R: ...O mirar quién está cantando Els Segadors, también.
P: Señora Arrimadas, le acepto la enmienda.
R: Puedo hacer el discurso en la lengua oficial que quiera.
P: Evidentemente.
R: El problema es que usted parte de la base de que hacerlo en castellano es menos catalán que hacerlo en catalán.
P: No, no, no.
R: En Cataluña podemos hablar la lengua que queramos.
P: Evidentemente.
R: ¿Por qué no le ha dicho al señor Torrent que todo su discurso, el cien por ciento, fue en catalán?
P: Hay dos lenguas en Cataluña.
R: ¡Exacto, dos!
P: Y quiere gobernar…
R: El castellano y el catalán. Usted no le ha preguntado esto al señor Torrente, e hizo el cien por ciento en catalán.
P: Sí. Es una institución del país, puede hablar en catalán.
R: Claro, y yo puedo hablar en castellano, ¿o no?
Puede. En teoría, puede. Sólo en teoría, y de momento. En la práctica, en las autonomías donde se hablan dos lenguas sólo se puede hablar una en el ámbito de la política y en todo el ámbito público. Si te atreves a transgredir la norma de la normalización, puedes hablar la otra, esto es, el español, la que las leyes y el establishment político consideran anormal, impropia, invasora, ajena, no importa cuántos ciudadanos la tengan como lengua habitual o materna. Pero has de tener claro que si la hablas, te pedirán cuentas. Nueve veces de cada diez te las pedirán agresivamente como en TV3 a Arrimadas. A ver cuántas palabras has dicho en cada idioma. A eso hemos llegado.
A eso hemos llegado no sólo en Cataluña. Ni son los separatistas los únicos que persiguen la impureza de lengua. De hecho, al escuchar ese fragmento de la entrevista a Arrimadas no he podido evitar acordarme de las numerosas veces que, en la campaña electoral de las autonómicas gallegas, en 2016, me preguntaron cosas parecidas. Porque también en Galicia, donde el partido mayoritario es desde hace mucho tiempo el PP, resulta obligatorio el uso exclusivo de la lengua gallega en la política autonómica. No hay ninguna ley que prohíba que un político hable en español, pero lo prohíbe la convención. Esta prohibición fáctica se ha vuelto tan convencional que hasta defensores acérrimos de la libertad de elección de lengua en la enseñanza te pueden atacar por elegir libremente hacer uso del español en un debate.
Tal es el consenso político –y mediático– que reina en las autonomías bilingües. Que los nacionalistas sean hegemónicos o minoritarios es casi intrascendente. Sólo cambian el alcance y la intensidad de la prohibición. Los nacionalistas quieren un monolingüismo de iure y los demás, léase populares y socialistas, un monolingüismo de facto. Unos rechazan el español porque rechazan España, los otros porque cultivan la exaltación de las diferencias y el supuesto amor a lo propio como fórmula de poder. Este consenso significa que sólo tienen títulos para acceder a la esfera pública aquellos que reafirmen su condición nativa a través del empleo exclusivo de la lengua propia. Los ciudadanos que persistan en el error de hablar español, ya saben lo que hay. Tendrán terrenos vedados. Sea la política, sea el empleo público, sean subvenciones y canonjías.
La paradoja de los defensores de la diversidad lingüística española es que en nombre de la diversidad hacen lo posible por suprimirla. Defienden la diversidad en abstracto, pero en los territorios donde existe, allí donde se hablan dos lenguas, todo su empeño es que sólo se hable una. La coexistencia de dos lenguas no es, para ellos, una riqueza, sino una anomalía a corregir. Así convierten la lengua cuyo uso dicen que quieren promover en instrumento de división, en barrera y en peaje. No pueden ser amigos de la diversidad lingüística, mucho menos de los derechos de los ciudadanos, tales enemigos de la libertad.