No lo digo yo. Lo dijo literal y categóricamente Albert Rivera hace más de siete años en los micrófonos de esRadio con ocasión de tres sentencias del Tribunal Supremo que tumbaban –más bien, pretendían tumbar– el inconstitucional modelo de inmersión lingüística de Cataluña y ordenaban a la Generalidad a tomar "cuantas medidas fueran necesarias" para que el castellano fuera, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza.
Poco tardaría el líder de Ciudadanos en constatar sus vanas esperanzas y en olvidar su compromiso de "llegar hasta el final" a la hora de exigir el cumplimiento de esas sentencias si tenemos en cuenta que Convergencia lograba escasos días después que el PSC facilitara con su abstención la primera investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad gracias, precisamente, a una serie de acuerdos entre los que figuraba el compromiso de ambas formaciones de hacer caso omiso a dichas sentencias del Supremo.
Pocos medios de comunicación constitucionalistas se hicieron eco de tamaño y, sobre todo, ya abierto e indisimulado desafío a nuestro Estado de Derecho y ninguno lo denunció con la gravedad que merecía. Pero en fin. Teniendo presente esa suma de debilidades, cómodos autoengaños e irresponsables condescendencias que constituye buena parte de nuestra clase política y periodista, bastará que les diga o que les recuerde que fue Artur Mas, y no Albert Rivera, el que cumplió su compromiso.
Otro tanto se podría decir del PP de Rajoy, principal partido de la oposición que ya entonces emitía las decepcionantes alarmas que emite ahora Ciudadanos: llegado al Gobierno en 2011 con mayoría absoluta, el PP tenía –tal y como tiene ahora– tres posibles vías constitucionales, no necesariamente excluyentes entre sí, para poner fin a tan continuado como silenciado delito de desobediencia y acabar con tan clamorosa violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos catalanes: la primera, tras recabar los pertinentes informes de la Alta Inspección del Estado, instar a través de la Fiscalía una denuncia por vía penal contra el presidente de la Generalidad y su consejero de Educación por un delito de desobediencia cuando no también de prevaricación. Otra opción, aunque exclusivamente política, hubiera sido exigir a los mandatarios autonómicos el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales so pena de ser la Administración central la que pasara a hacerse cargo de las competencias educativas que la Constitución tiene encomendadas a la Administración regional mediante una suspensión –bastaría, a este respecto, que fuese parcial– de la autonomía mediante aplicación del artículo 155 de nuestra Ley de leyes. Finalmente, el Gobierno podría también haber emprendido un camino mucho más largo pero no por ello menos deseable, como proponer al resto de los partidos políticos una reforma constitucional destinada a que sea la Administración central del Estado, y no las Administraciones regionales, la que ejerza de forma ordinaria las competencias en educación.
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, pudiendo hacer todas o alguna de estas cosas, no hizo ninguna. En su lugar, el ministro Wert ideó algo tan chapucero, vergonzoso e inconstitucional como asumir subrepticia y acomplejadamente las competencias en educación de la Generalidad para que fuera la Administración central la que ofreciera, a través de unos conciertos similares a los que lleva a cabo el Instituto Cervantes en su promoción del español en el extranjero, la enseñanza en español, descontando luego su importe a la Generalidad. Con semejante chapuza el Gobierno de Rajoy fingía que iba a hacer algo contra la aún más inconstitucional exclusión del español en la enseñanza, cuando en realidad lo que hacía era ocultar que se negaba a denunciar penalmente el delito de desobediencia perpetrado por los mandatarios regionales, como no se atrevía a suspender las competencias en educación de la Administración autonómica vía artículo 155, como tampoco se atrevía a proponer una reforma constitucional para que la obligación de garantizar la enseñanza en español dejará de ser de responsabilidad de la Administración autonómica.
Y así estamos y así seguimos: sin ningún partido político con representación parlamentaria –incluidos los vainas de Ciudadanos– que se atreva a denunciar penalmente la desobediencia, o a suspender la autonomía o a reformar la Constitución para que sea la Administración central la encargada de garantizar un derecho civil tan elemental como el que defiende que todos los españoles puedan estudiar en español en toda España.