Tras una cumbre en defensa de la coactiva inmersión lingüística que ha erradicado en Cataluña el español como lengua vehicular en la enseñanza, el Gobierno de Artur Mas y los partidos nacionalistas, con el consabido apoyo del PSC, han pactado incumplir la ley promovida por el ministro Wert mientras conlleve la más mínima posibilidad de que los niños catalanes puedan estudiar también en castellano, lengua que a los nacionalistas irrita hasta cuando se habla en los recreos.
Esta nada disimulada voluntad de desacato no es nada nuevo. Los nacionalistas llevan décadas violando impunemente ese derecho constitucional. Recordemos que hace dos años CiU logró la abstención del PSC en la primera investidura de Artur Mas, sobre el compromiso público de hacer caso omiso a la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba a la Generalidad la introducción del castellano, junto al catalán, como lengua vehicular en la enseñanza.
Un ministro de Educación iluso, en el mejor de los casos, como Wert creyó, sin embargo, poder sortear aquella patente y firme desobediencia a nuestra ley de leyes y a nuestros más altos tribunales con un nuevo proyecto legislativo que, copiando la forma en que el Instituto Cervantes promueve el español fuera de nuestras fronteras, permitiría la enseñanza en español a los alumnos catalanes cuyos padres así lo deseasen mediante conciertos con colegios privados.
Tal y como era previsible, ni siquiera esta vergonzosa y acomplejada forma de satisfacer un derecho civil elemental contentó a los nacionalistas; y pese a posteriores y aun más lamentables modificaciones del proyecto original, los nacionalistas han terminado por reiterar y confirmar su voluntad de desacato contra todo aquello –Constitución, sentencia o reforma educativa– que entrañe el más mínimo riesgo para su liberticida normalización lingüística.
Mucho nos podríamos extender sobre la desfachatez y las mentiras de los nacionalistas, que presentan como un "ataque al catalán" lo que, en realidad, es una tímida defensa del derecho a estudiar en español, lengua materna de más de la mitad de los catalanes y única que todos ellos comparten con el resto de los españoles. Sin embargo, lo prioritario ahora es señalar que la misma lamentable omisión del deber de hacer cumplir la ley por parte del Gobierno de España que precedió y en cierta forma impulsó el proyecto de Wert es lo que va a condenar a éste a quedar en papel mojado, en lo que a Cataluña –por ahora– se refiere. No menos lamentable es que este desacato se haga extensible, como ya han apuntado algunos nacionalistas, no sólo a la cuestión de las lenguas, sino a muchas otras encomiables pretensiones legislativas, como la de que el Estado decida el cien por cien del contenido de las asignaturas troncales.
Se dirá que el Estado de Derecho tiene armadura de sobra para hacerse respetar; que son muchos y claros los artículos relativos a la insumisión, al desacato y a la desobediencia que existen en nuestro Código Penal; que la misma Constitución tiene un artículo que permite, ante casos como éste, la intervención de las autonomías; incluso que a Rajoy le bastaría con cortar el grifo con el que financia a ese Gobierno en rebeldía para someterlo al imperio de la ley. Todo eso es tan cierto como que Mariano Rajoy Brey preside el Ejecutivo central. Y aunque no sepamos si el presidente está tan arrepentido de este proyecto de Wert como algunos dicen que se ha llegado a arrepentir de la oposición del PP al estatuto soberanista catalán, de lo que no tenemos dudas es de que, donde no hay determinación para hacer cumplir las sentencias, es absurdo buscar determinación para hacer cumplir las leyes.