El caso de Cristina Cifuentes y su falso Máster, cuya pésima gestión podría costarle el cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, tan solo deja entrever la punta del iceberg de corrupción e irregularidades que carcome la universidad pública española. Los rectores han salido esta semana para tratar de echar balones fuera ante un escándalo que, sin duda, golpea, una vez más, la línea de flotación de la ya de por sí desprestigiada institución universitaria, alegando que, si bien es cierto que la concesión del citado título adolece de una evidente sombra de ilegalidad, se trata de un problema puntual y, por tanto, no es óbice para poner en cuestión el funcionamiento del sistema. Además, aprovecharon la ocasión para solicitar a los políticos que mantuvieran a la universidad española al margen de las contiendas partidistas.
El cinismo y la falta de decoro que está demostrando la cúpula universitaria en este asunto no puede ser mayor. Cualquiera que conozca mínimamente la universidad por dentro sabe bien cuál es el modo real de proceder en esta institución. Para empezar porque el conchabe político, lejos de ser la excepción, constituye la regla. Las universidades públicas están absolutamente politizadas, de modo que carecen de la independencia y la neutralidad que exige la naturaleza estrictamente académica de este tipo de centros. El clientelismo y el favoritismo político campan a sus anchas por las aulas sin que nadie haga nada al respecto.
Pero es que, mas allá de estas habituales corruptelas, el cúmulo de chanchullos e irregularidades que presenta a nivel interno es muy grave. El nepotismo existente en los tribunales para colocar al personal que interese al mandamás de uno u otro departamento, sin importar la experiencia y profesionalidad del docente, es una práctica muy extendida. El mérito y la capacidad importan poco a la hora de conseguir una plaza, desde luego mucho menos que el tener los contactos necesarios dentro de la organización para lograr que alguien de dentro te apadrine. El caso de Íñigo Errejón y su beca black es un buen ejemplo.
Y todo ello sin contar la utilización de alumnos para la realización de ciertos trabajos o el enriquecimiento ilícito que se produce mediante el desarrollo de cursos por parte de algunos profesores, tal y como ha destapado la Justicia. En definitiva, la universidad no es, ni de lejos, la institución pulcra y transparente que pretende vender la Conferencia de Rectores a la opinión pública, más bien todo lo contrario.
Lo más triste, sin embargo, es que el nivel educativo que ofrece a los alumnos es, en muchos casos, mediocre. El adoctrinamiento político, no la enseñanza, es el denominador común en numerosas facultades de España, con todo lo que ello implica. La absoluta desconexión con las necesidades de las empresa privada hace que los jóvenes no salgan lo suficientemente preparados para integrarse en el mundo laboral, teniendo así que completar su formación con cursos y Máster adicionales, la mayoría privados, con el fin de lograr un trabajo. No es de extrañar, por tanto, que ninguna de las universidades españolas se sitúe entre las 200 mejores del mundo a pesar del ingente dinero público que reciben año tras año, a diferencia de lo que sucede con las escuelas de negocio, cuyo prestigio brilla con luz propia a nivel internacional.
El caso Cifuentes es, simplemente, la consecuencia, una más, de un problema mucho mayor. Mientras no se reforme en profundidad el sistema universitario, introduciendo los incentivos correctos para aspirar a la excelencia a través de los principios del mérito, la capacidad y la autonomía académica y financiera, esta institución no dejará de ser un apéndice más de la podredumbre que, por desgracia, subyace en las estructuras del Estado.