En lugar de celebrar la reconciliación nacional, tal y como contribuyó a hacer en 1986 el Gobierno socialista de Felipe González con este comunicado que divulgó con ocasión del 50 aniversario del estallido de la última guerra civil, Pedro Sánchez ha decidido seguir la ominosa senda marcada por la falsaria, liberticida y cainita Ley de Memoria Histórica, vista su decisión de aprobar, en el Consejo de Ministros del próximo viernes y mediante un artero decreto-ley de más que dudosa legalidad, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, .
Ya resulta lamentable que, ante los problemas y retos que tiene planteados España, los socialistas se dediquen a reescribir la Historia y a dar carnaza a la extrema izquierda y a los separatistas golpistas como peaje por los apoyos que permitieron convertirse en presidente del Gobierno a un Pedro Sánchez que destrozó el suelo electoral del PSOE. Pero no menos criticable es la forma con la que este émulo de Zapatero pretende "boxear contra el fantasma de Franco" –que diría Alfonso Guerra– casi medio siglo después del fallecimiento del dictador.
El recurso al decreto-ley, que los gobernantes utilizan para aprobar sus proyectos legislativos con el menor debate y análisis posible, está muy limitado por la Constitución, que lo reserva acertadamente para casos de extrema urgencia, circunstancia que obviamente no se da en esta ocasión. Por otra parte, la ley es muy clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación, salvo que concurran razones sanitarias excepcionales que tampoco se dan aquí. Y la familia de Franco no ha podido ser más clara al pronunciarse en contra de cualquier exhumación y de la utilización política que se está haciendo del caso.
La Iglesia católica también tiene algo que decir, habida cuenta de que el sepulcro de Franco se encuentra en lugar sagrado y, por tanto, inviolable. Y su jerarquía ha sido muy clara al señalar que sólo autorizaría la exhumación si así lo solicitara la familia.
Así las cosas, es harto probable que el Gobierno perpetre una resolución injusta a sabiendas de que lo es, por mucho que ningún partido de la oposición se atreva a denunciar tamaña prevaricación, con la que el infame Sánchez pretender reabrir heridas muy dolorosas para satisfacer a sus compañeros de viaje, donde descuellan los comunistas, los golpistas y los alabarderos de los terroristas, es decir, lo peor del panorama político. De hecho, resulta lamentable que un partido como Ciudadanos baraje la posibilidad de secundar esta ilegal profanación con la excusa de convertir el Valle de los Caídos en una especie de parque temático o en algo semejante al cementerio norteamericano de Arlington. Más oportuno ha sido el llamamiento del PP de Casado a "no vulnerar la ley" y no "reabrir viejas heridas".
Aunque nunca han faltado a los extremistas tontos útiles que secunden sus nauseabundas pretensiones, los representantes de Ciudadanos deberían saber que el Valle de los Caídos ya nació con la pretensión de ser un cementerio nacional y un monumento a la reconciliación, donde se enterrara a caídos de los dos bandos enfrentados en la última guerra civil. Y que no fue decisión de Franco, sino de Don Juan Carlos, enterrar al dictador allí.
Precisamente contra la reconciliación nacional, contra la Transición y contra la Monarquía parlamentaria va dirigida esta prevaricadora astracanada, perpetrada por quien parece despreciar la convivencia y las leyes que sostienen el Estado de Derecho.