¿Cómo es posible que Pedro Sánchez convierta cualquier solución en un problema? ¿Que actúe cegado por el interés inmediato, sin reparar en los daños colaterales?
Este okupa de la Moncloa aún no ha previsto que las paredes maestras del Estado de Derecho, como las de una vivienda, no se pueden debilitar, a riesgo de derribar el edificio entero. En menos de cinco meses en la presidencia ya ha dañado al Poder Ejecutivo, acaba de cuestionar al Poder Judicial y va camino de minusvalorar al Poder Legislativo. El daño es inmenso, porque socavar furtivamente los cimientos de un Estado de Derecho generará daños ocultos que, por su naturaleza furtiva, nos impedirán advertir la amenaza de ruina del propio Estado.
Fechorías. Ha deteriorado el Poder Ejecutivo al utilizarlo para traficar apoyos con golpistas presos. Su traslado a cárceles dirigidas por los cómplices de sus delitos es, cuanto menos, una imprudencia. Mandar a colegas populistas a esas mismas cárceles a negociar con ellos el apoyo a los Presupuestos a costa del derribo del Poder Judicial que los juzgas, un disparate. O quizás una traición al Estado, pues utilizar a la Abogacía del Estado para retirar el delito de rebelión como imponían los delincuentes huele tan mal como la decisión final del TS después de poner el grito en el cielo la banca.
Este falso Robin Hood ha debilitado también al Poder Judicial. El eco de la escenificación chavista con fonética engolada, "¡Exprópiese!", realizada ayer contra la decisión del Tribunal Supremo es electoralmente pura obscenidad. Nada menos que un decreto ley inmediato para enmendar al Tribunal, no fuera que Pablo Echenique o un Albert Rivera dirigido por la última ocurrencia de su departamento de comunicación y equidistancia le tomaran la delantera. Y por lo mismo hurtándole al Poder Legislativo la potestad de legislar o modificar lo legislado. En discordia tan seria, no parece oportuno suplantar al Poder Legislativo la potestad para la que fue concebido.
Erosionar de manera tan obscena los tres pilares del Estado de Derecho no sólo daña la credibilidad de todos ellos, sino que invita a cualquier golpista institucional autonómico a hacer lo propio con cuestiones mucho más dramáticas para los fundamentos del Estado mismo. ¿Cómo explicarle que el respeto a la separación de poderes es categórico? Puede que el doctor Sánchez se limite sólo a gestionar el rendimiento que le da su falta de escrúpulos, pero a los Torras de turno les sobran motivos para ampararse en cualquier disculpa que justifique su desprecio por el Poder Judicial, la separación de poderes o la desobediencia a la Constitución.
Este presidente de las tres mentiras retrata también a su equipo asesor y a su Consejo de Ministros. ¿Ni siquiera Borrell le afea la conducta? ¿O es verdad que deja el Gobierno a final de año, harto de colaborar con la infantilización del electorado?
Primera mentira de tres: el impuesto de actos jurídicos documentados no desaparecerá, lo cobrarán las administraciones autonómicas. Segunda: los bancos no pagarán tal impuesto, al final lo repercutirán sobre el precio final de la hipoteca. Tercera: El cliente pagará las tasas en el precio repercutido, que encarecerá las condiciones de la hipoteca. Aunque, eso sí, no se dará cuenta.
Y una verdad: el decreto le librará de pagar los efectos retroactivos de su decisión en un momento de debilidad presupuestaria extrema. Algún espacio libre debía quedar para el populista Podemos.
La democracia tiene un serio problema ante personajes sin escrúpulos como Pedro Sánchez. El populismo es el más serio. Contra esa peste sólo hay un antídoto: una ciudadanía autónoma, bien informada y capaz de castigar electoralmente a los impostores.
Soñar no cuesta nada.