Mal asunto el de Venezuela. Muy mal asunto porque el problema real no es ese ridículo patán verborreico. El problema serio, el de verdad, es el Ejército. Un ejército, el de Venezuela, que, a diferencia de lo que siempre ha sucedido en tantas repúblicas sudamericanas, no se ha constituido sólo en un poder autónomo. Porque las Fuerzas Armadas Bolivarianas son otra cosa muy distinta. No encarnan un simple poder dentro del Estado, sino que son un Estado dentro del Estado. Y un Estado que, como todos los que en el mundo han sido, defiende con uñas y dientes su soberanía frente a cualquier injerencia exterior. Sin entender eso, hoy no se entiende Venezuela. De ahí que tenga tan mala salida lo que está pasando. Maduro no deja de ser, en el fondo, una broma de mal gusto. El Ejército, en cambio, no es ninguna broma. El genuino Estado militar que hay detrás –y al margen– de ese charlatán de taberna embutido en un chándal del Caprabo fue la causa oculta de que la Asamblea Nacional, el único órgano institucional del país dotado de legitimidad, resultara disuelta por el Gobierno cuando el autogolpe que puso fin al barniz democrático que hasta entonces había cultivado el régimen. Y es que lo más grave de la disolución forzosa del Parlamento a instancias del Ejecutivo no fue el hecho en sí, sino la razón vinculada a los intereses empresariales de los militares que operó como catalizador. Razón oculta que respondía por Arco Minero del Orinoco, una extensa zona selvática que abarca más de 220.000 kilómetros cuadrados y que alberga en su subsuelo una de las mayores verás de oro y de coltán que existen en todo el planeta. El tan acusado interés de China, de Rusia y de Turquía, entre otros, por Venezuela responde a las inmensas reservas minerales sin explotar que esconde esa selva virgen.
Un negocio llamado a generar réditos extraordinarios que tampoco pasó inadvertido para la jerarquía castrense. Por algo las Fuerzas Armadas son, en realidad, el mayor grupo empresarial del país. Porque los espadones de Maduro no se limitan a corromperse con los trapicheos típicos del contrabando y el saqueo más o menos encubierto de fondos públicos. Lo clásico en tantos otros rincones del continente. Además de eso, que también, los uniformados poseen y gestionan su propio banco comercial, el Banco de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia empresa de explotaciones agrícolas, la Empresa Agropecuaria de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia empresa de transportes, la Empresa Militar de Transportes; su propia cadena de televisión comercial, la Televisión de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propio fondo de inversión en valores de renta fija y variable, el Fondo de Inversión Negro Primero; su propio consorcio de empresas constructoras e inmobiliarias, la Empresa Constructora de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia planta embotelladora de agua mineral, Aguas Tiuna; su propia compañía de extracción y refinado de petróleo, amén de comercialización de gas para usos civiles, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas. A esas labores de mover dinero sin cesar se dedica todos los días el grueso de los cuatro mil generales (sí, cuatro mil) que hay ahora mismo en el escalafón. Se comprenderá que el gran negocio en ciernes del Arco Minero del Orinoco estuviera, y nunca mejor dijo, en su punto de mira.
Nadie se extrañe, entonces, de que, junto a los enormes consorcios industriales chinos, rusos, norteamericanos y canadienses que aportaron el capital y la tecnología para poner en marcha la explotación de esas reservas minerales, la Compañía Militar de Industrias Mineras, sociedad mercantil cuyo cien por cien de las acciones pertenece al Ejército, fuese la única empresa venezolana autorizada a participar en las excavaciones. Por lo demás, todo fue bien hasta que al Parlamento, el legítimo y democrático luego dispersado a la fuerza, decidió meter la nariz en el suculento negocio de los militares. Una injerencia, la de los diputados electos, consistente en tratar de legislar sobre la regulación de la actividad de las empresas concesionarias de autorizaciones industriales en el Arco Minero del Orinoco. Fue lo último que hicieron antes de ser disueltos por el Gobierno. Pero es que la Asamblea Constituyente, el órgano chavista de pandereta que sustituyó y usurpó las funciones del verdadero Parlamento, nació siendo desposeído por el Tribunal Supremo de la potestad teórica de… legislar sobre la creación de empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco. No es un ejército, es la Mafia.