El presidente de la Generalidad, Quim Torra, acaba de "desestimar" la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos, banderas esteladas y la propaganda separatista de los edificios públicos de la administración autonómica. Que dice el representante ordinario del Estado en Cataluña que le da la risa, toda vez que arriesga una multa de entre trescientos y tres mil euros y la remota posibilidad de un procedimiento penal por desobediencia, que es un delito tan venial y de postín que ni siquiera implica un cuarto de hora de cárcel.
Los edificios que lucen lazos amarillos son todos aquellos en los que, de momento, el golpe de Estado va ganando o como mínimo no ha perdido. Los hay de todo tipo, empezando por el palacio de la Generalidad y la casa consistorial de Barcelona y desde hospitales hasta consejerías, delegaciones, oficinas y almacenes de las administraciones regional y locales.
La república no existe, pero existe. Es como el famoso gato de Schrödinger, cuya suerte se conocerá casi con toda seguridad el próximo 28 de abril. Si el separatismo queda en condiciones de condicionar el Gobierno de España, la república estará más viva que nunca. Tal vez por eso, por si acaso, no debe estar previsto que ante la negativa de Torra la Junta Electoral Central inste al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que ordene a los Mozos de Escuadra retirar la propaganda partidista de los edificios públicos. Y mira que los comisarios de los "Mossos" que han pasado hasta ahora por el Tribunal Supremo se han declarado fans de la autoridad judicial. Seguro que ante la más mínima sugerencia de cualquier señoría, los policías de la Generalidad se ponían a arriar esteladas y quitar lazos a todo trapo. Podrían empezar mismamente por la sede de consejería de Interior.
El golpe se juzga en el Tribunal Supremo, pero el golpe continúa activo, como la paradoja del felino. Los lazos amarillos en las dependencias públicas se pueden interpretar como una prueba de rebelión o como una muestra de adhesión al actual orden vigente en Cataluña, que es en el que Torra pasa millas de la Junta Electoral y en el que la república es inminente, un par de años no más si en las próximas generales se confirman los pronósticos de una mayoría de socialistas, podemitas y separatistas.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de que Santi Vidal se reincorpore a la carrera judicial. Santi Vidal es el juez que redactó la constitución catalana que negaba de entrada la ciudadanía catalana a los nacidos fuera de Cataluña y con más motivo si eran o habían sido funcionarios del Estado español. Se prohibía además cualquier partido que cuestionara que Cataluña sea una nación o su presunto derecho a un Estado propio. Vidal figura como investigado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Fue denunciado por Vox porque presumía de que la Generalidad había conseguido de manera ilegal todos los datos fiscales de los residentes en Cataluña. Fue en sus tiempos de senador de ERC. Había sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial al trascender que redactó la "Constitució". El hombre dijo que aprovechaba sus ratos libres para diseñar la arquitectura jurídica del estado catalán en compañía de una decena de colegas que se negó a identificar. Tuvo que dimitir de senador por bocazas a la que el 13 admitió la querella de Vox, pero se le dio un cargo en un consejo asesor de la Generalidad. Y ahora vuelve a la judicatura que odia.
Se teme Vidal que le asignen un juzgado en Melilla y ha lamentado en TV3 no regresar a la vida judicial como magistrado de la república independiente de Cataluña. Sin embargo, afirma que tomará posesión, aunque sea en Las Hurdes. De nuevo el amigo Schrödinger. El juez a la fuerza, un juez atenazado por una justicia que juzga injusta pero de la que vive y a la que representa, el juez que anhela una nueva justicia catalana.
Vidal aceptará el juzgado que sea no sea que ganen Vox, Ciudadanos y el PP y permanecerá a la espera de mejor ocasión para derribar al Estado que le paga y contra la Constitución que juró o prometió cumplir. Y eso es posible como es posible que Torra se ría de la Junta Electoral. Mientras tanto, las defensas de los golpistas se quejan de que no hay igualdad de armas e interrumpen a la Fiscalía cuando les rota. Cosas que pasan cuando se juzgan delitos que no sólo se han cometido sino que se están cometiendo.