El separatismo catalán es una fabulosa máquina de propaganda, una monumental factoría de mentiras y trampantojos que tiene sorbido el seso a un porcentaje nada desdeñable de la población, un porcentaje que dista de llegar a la mitad de la ciudadanía pero cuya principal cualidad es la resistencia frente a la verdad. Por ejemplo, a un independentista catalán le parece que Carles Puigdemont es un pobre exiliado perseguido por la injusticia española y no hay manera de sacarlo de ahí.
Tanto le da que el prófugo viva a todo tren en Waterloo, donde ha establecido una especie de Palmar de Troya del separatismo. O que su mujer, doña Marcela Topor, fuera contratada a razón de seis mil euros al mes por la Diputación de Barcelona, en manos del PSC, para presentar un programa de TV local con una audiencia mínima, por no decir inexistente. O que el domicilio conyugal en Gerona esté protegido las 24 horas del día por un retén de los Mossos. O que Puigdemont disfrute de todas las regalías de ser expresidente autonómico. Para cualquier separatista, incluidos los junqueristas, Puigdemont no es un vividor, sino una tremenda víctima, el ejemplo esférico del represaliado justo por detrás de san Oriol.
Y como Puigdemont y Junqueras hay, aseguran, tres mil. O tres mil cuatrocientos si el cálculo es de la CUP. O cuatro mil, ya puestos a redondear, según las estimaciones de Òmnium o de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Podrían decir diez mil como dijeron que fueron mil los heridos por las cargas policiales del 1-O. Nadie en el movimiento separatista se cuestiona los datos que difunde TV3. Es así, un rasgo sectario, como llevar el lazo amarillo cuando ya se ha liberado a los golpistas encarcelados. Ahora la excusa es que se debe lucir hasta que regresen los "exiliados" (en realidad fugados).
El represaliado catalán es un caso digno de manual de aurora boreal, un reflejo del extraordinario desarrollo en la región de las élites extractivas. Por ejemplo, el matrimonio formado por Cesca Domènech y Miquel Buch, quien fuera consejero de Interior con Torra hasta que Torra se dio cuenta de que Buch le despreciaba profundamente y no le tenía el respeto debido como "president". Ella gana más que Pedro Sánchez como directora general de Acción Cívica y Comunitaria de la consejería de Derechos Sociales. Se adujo que merecía tal cargo porque su marido no lograba recolocarse tras haber sido cesado. Al poco, trascendió que la fiscalía solicitaba seis años de cárcel y una docena más de inhabilitación contra Buch por haber proporcionado escolta al prófugo Puigdemont en Waterloo. Gran escándalo. Todos los medios independentistas, de la radio de Godó hasta el digital más pequeño, salieron en tromba. Seis años de cárcel, qué barbaridad, clamaban. Un día después, el pobre represaliado Buch eran nombrado presidente de la empresa pública "Infraestructuras de Cataluña" a razón de 115.000 euros al año.
Más represaliados. Cuatro de los siete consejeros de ERC en el gobierno autonómico son "perseguidos" por la justicia en causas por desobediencia, por malversación o por haber participado en la organización del referéndum ilegal. Se trata de Roger Torrent, Tània Verge, Natàlia Garriga y Josep González Cambray. Acosados, acorralados, sometidos a tremebunda represión, con una espada de Damocles sobre sus cabezas, todos ellos cobran más de cien mil euros al año.
Otro caso, el del exdirector de Comunicación del gobierno regional, Jaume Clotet, encausado en el juzgado número 13 de Barcelona como una treintena de altos cargos por la organización del referéndum. Cesado por Aragonès, el hombre fue recolocado por Elsa Artadi como consejero áulico en el Ayuntamiento de Barcelona, pero cobrando de la Diputación en calidad de "Asesor Técnico del Área de Cultura" a razón de 5.485 euros en catorce pagas. Brutal, la represión. En condiciones parecidas están todos los altos cargos no aforados que participaron en los trabajos para celebrar el referéndum del 1-O.
Otra categoría de represaliado catalanista es la del joven encausado por apedrear a mossos d'esquadra, quemar contenedores, destruir la propiedad privada y esa clase de delitos por la patria catalana. Son un buen puñado, aunque no deben llegar ni de lejos al medio millar. En la mayoría de los casos, es la propia Generalidad republicana antes de Torra y ahora de Aragonès quien ejerce como acusación particular y se suma sin condiciones a las peticiones de pena de la fiscalía. Así es que la misma Generalidad que denuncia la atroz represión es partícipe de tal represión cuando perfectamente podría abstenerse. Es lo que dicen esos muchachos. Primero nos convocan a las manifestaciones, luego nos detienen y después nos acusan. Los mismos.
Por último, el represaliado de prestigio, Andreu Mas-Colell, a quien el Tribunal de Cuentas no puede exigir responsabilidad alguna porque es un economista de prestigio. Un prestigio que no impidió que se le conociera como el consejero manos tijeras de Artur Mas (otro represaliado de aúpa), recorte va, recorte viene en todos los servicios públicos. En todo menos en la difusión del separatismo, las embajadas, la TV3 y la propaganda.