El episodio de la frustrada sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña es el ejemplo esférico del poder casi omnímodo de los separatistas en la región. El resumen es que los jueces dictan una sentencia y el separatismo, con el imprescindible concurso del PSC tan o más separatista, se pasa el fallo por debajo del arco del triunfo en un ejercicio atlético que los jerarcas del régimen nacionalista ejecutan a la perfección porque acumulan décadas de práctica.
A pesar del esfuerzo casi heroico de entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana o Hablamos Español, entre otras, y del sacrificio de los padres que se atreven a denunciar los disparates y desmanes separatistas en las escuelas, la situación sigue como la dejaron Pujol y la izquierda artífice de la "inmersión lingüística", con el idioma español convertido en una lengua extranjera, tal que el urdú, el tagalo o el árabe.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) enviada este lunes a las partes es una muestra colosal de impotencia y expresa las consecuencias de la retirada de España en Cataluña. Las leyes en esta región se cumplen si les apetece a los nacionalistas, si les cuadran, si no les molestan o si las han elaborado ellos por decreto en ese antro contra la democracia que llaman Parlament. Y todo ello sin tener que asumir las consecuencias o con unas consecuencias muy atenuadas.
Así, el TSJC ha resuelto que la chapuza de decreto que aprobó el gobierno catalán en contra del 25% de español en las clases y el bodrio de ley que impulsó el PSC con ERC, los de Puigdemont y los podemitas autóctonos impiden aplicar su fallo. Que le den al niño de Canet: "Tanto el Decreto Ley como la Ley citados se refieren a los factores que los proyectos lingüísticos deben considerar, como la situación sociolingüística del lugar, el objetivo de normalización lingüística, o la evolución de los alumnos en el aprendizaje de las lenguas. Pues bien, ambas normas determinan la imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia dictada en estas actuaciones", reza la resolución.
Eso sí, el TSJC aprecia en ambas disposiciones "vicios de inconstitucionalidad", de ahí que haya resuelto recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Sí, vale, pero el 25% es papel mojado y los separatistas no están precisamente temblando ante la hipótesis de que aquí a muchos meses o en un par de años el TC se pronuncie en contra de sus "leyes" y el Tribunal Supremo y el TJSC vuelvan a fallar a favor de que el español no sea residual en los colegios públicos catalanes.
Ha querido la casualidad que este lunes estuviera en Barcelona el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó a los golpistas. Mayúsculo rebote de las entidades, los partidos y los abogados de la cuerda independentista, a quienes les parece una "provocación" que el magistrado Marchena, el mismo que suavizó todo lo que pudo los cargos contra sus líderes, haya sido invitado por una sección del Colegio de Abogados de Barcelona.
A los líderes separatistas les cayeron entre nueve y once años, de los que no han cumplido ni una tercera parte. Y la mayor parte del tiempo en cárceles catalanas gobernadas por su Generalidad en virtud del traspaso de las competencias penitenciarias. En el momento en el que fueron trasladados a prisiones de Cataluña, la sentencia se convirtió en una auténtica filfa también en el apartado del cumplimiento de las penas. Después vinieron los indultos y ahora los agraciados se pasean por Cataluña como si hubieran pasado las de Papillon en la Guayana a lo Mandela en Robben Island. Desconocen la vergüenza y el sentido del ridículo.
Coincide también el fiasco judicial del 25% con la visita de los Reyes y sus hijas a Cataluña. El domingo, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron el museo Dalí de Figueres. Ninguna autoridad local o regional se dignó a recibirlas. Este lunes se han entregado los premios de la Fundación Princesa de Gerona en idénticas circunstancias en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat porque el Ayuntamiento de Gerona se niega a alquilar su auditorio a la Fundación Princesa de Gerona. Y no pasa nada. Bueno sí, que Sánchez quiere retomar la "mesa de diálogo" con la Generalidad este mismo mes.
Los ejemplos de ausencia, abstinencia o deserción de los poderes públicos en Cataluña son incontables. Por volver al principio, la Alta Inspección de Educación del Estado sólo dispone de dos funcionarios, uno en Barcelona y otro en Tarragona. Eran los comisionados por el TSJC para comprobar el cumplimiento de su fallo en los miles de centros educativos de la región. Y en contra de lo que cabe suponer, el principal problema para cumplir el encargo judicial no era el número de colegios, sino que tienen prohibida la entrada en ellos salvo petición previa y autorización expresa de la consejería de Enseñanza.
En Cataluña no hay Estado y los tribunales están de pega para los independentistas. Y si alguna vez logran su propósito de quebrar España, será por eso. Pero lo que ha sucedido no por reiterado es menos grave. Mientras tanto, se pisotean los derechos de más de la mitad de la población, que no ciudadanía, con ataques como los que tuvo que sufrir la familia de Canet de Mar que recurrió a los jueces para defender el derecho a que la lengua materna de la mayoría de los niños en Cataluña no sea tratada como una excrecencia dialectal.