La última fechoría cometida por el Presidente del Gobierno —la modificación del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición— unidas a todas las anteriores merecen una respuesta ciudadana contundente por este orden: primero en la calle, dentro de seis meses en las elecciones municipales y autonómicas y dentro de un año, en las generales.
En el 2004, recién llegado a la Moncloa, Zapatero puso en marcha un proceso de negociación política con ETA y fue entonces la sociedad civil, liderada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo presidida por Francisco José Alcaraz, la que impulsó lo que vino en llamarse la rebelión cívica de las víctimas, que se concretó en ocho grandes manifestaciones en Madrid —cada cual más numerosa— bajo el lema "en mi nombre NO". Es verdad que esa gran respuesta social tuvo el apoyo del PP de Rajoy, sobre todo de su secretario general Ángel Acebes, y de algunos, no muchos, medios de comunicación, muy especialmente los de esta casa.
Aquella gran movilización social en torno a las víctimas no consiguió parar la negociación política de Zapatero con la banda terrorista, pero si sirvió para mostrar el músculo y la fortaleza moral de muchos ciudadanos que agradecieron la posibilidad de salir a la calle para mostrar, por un lado, su total rechazo a la negociación y, por otro, para dar su apoyo a quienes habían sufrido directamente los embates del terrorismo etarra.
Dieciocho años después, nos encontramos con una situación diferente a aquella, pero me atrevería decir que de más gravedad. Lo que está en juego con este nefasto y mentiroso Presidente es España misma, su unidad, su sistema constitucional, la igualdad ante la ley y tantas cosas más que requieren una reacción social nítida y contundente, porque en caso de no haberla —e incluso habiéndola— Sánchez seguirá con su proceso de entrega y sumisión a los golpistas catalanes, a los herederos políticos de ETA y a lo que haga falta. Y en el fondo, por su afán enfermizo de permanencia en el poder al coste que sea. Y este ya está siendo muy alto para España y para los españoles.
El problema en el momento presente es quién lidera, quién impulsa esa necesaria y urgente movilización social. Los partidos políticos constitucionalistas, es decir el PP y VOX, porque Ciudadanos es desde hace tiempo un cadáver ambulante, van cada uno por su cuenta. ¿Habrán hablado Feijóo y Abascal en estas últimas horas tan dramáticas para los intereses de España? Me gustaría mucho equivocarme, pero me temo que la respuesta es no.
Si al final la gran reacción y movilización social que se necesita ante el último destrozo de Sánchez es que el PP convoca un acto, VOX una manifestación, asociaciones o plataformas cívicas constitucionalistas concentraciones varias, el resultado es que las risas se oirán a lo largo y ancho de todo el Palacio de la Moncloa, donde son conscientes de esa fractura, de esa falta de unidad de acción que desgraciadamente a día de hoy existe en el centro derecha.
La segunda opción es concentrar todos los esfuerzos en castigarle en las urnas dentro de seis meses, en las municipales y autonómicas. Tengo para mi que no le importará mucho si en esas elecciones se produce una debacle de sus candidatos. Al mes siguiente, el uno de julio de 2023 comenzará la presidencia de España de la Unión Europea que se prolongará durante seis meses, y para el inquilino de la Moncloa ese es un plato tan apetitoso que no le compensa estar preocupado por el futuro de Page o Lambán, personajes que por otra parte lo único que se merecen por su absoluta falta de coherencia entre lo que dicen y lo que luego no hacen, es recibir un gran castigo en las urnas en Castilla la Mancha y en Aragón.
Y luego vendrán las generales, a finales del 2023. ¿Cómo llegará a ellas el centro derecha? ¿Es tan difícil ver que lo que toca ahora es aparcar cualquier interés personal o partidista y pensar de verdad que el objetivo fundamental es echar democráticamente a Sánchez de la Presidencia del Gobierno, antes de que consuma el destrozo de España y del sistema de convivencia del que nos dotamos en 1978 con la Constitución?