Tras cargarse el delito de sedición, le toca el turno a la reforma de la malversación, un elemento disuasorio de primera categoría frente a los desmanes políticos. La maniobra es tan o más grave que la perpetrada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra con la proposición de ley de los "desórdenes públicos agravados". No han tardado ni tres días en deslizar que las enmiendas a la proposición incluirán el cargo de malversación para los delitos (a partir de ahora actos sin consecuencias judiciales) que se cometan en nombre de la independencia de Cataluña o el País Vasco. Pero aún hay más.
La teoría golpista considera que no se puede acusar o condenar por malversación a quienes organizaron el proceso separatista y los dos referendos perpetrados en Cataluña porque el dinero público que robaron no fue a parar a sus bolsillos, sino que se dedicó a la "causa". Es decir, a romper España, pisotear los derechos civiles de más de la mitad de la población de Cataluña, arruinar la economía y montar "embajadetas" por todo el mundo para difundir toda clase de mentiras sobre la democracia española y los españoles, entre otras actividades.
Esa justificación es la misma que se emplea para defender a José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE. El bueno de Griñán no se llevó ni un euro de los cientos de millones robados a los ciudadanos. Es lo que dicen con insistencia los portavoces socialistas del partido o del Gobierno. Griñán es un ejemplo de probidad incuestionable, un tipo cumbre, cabal, honrado y trabajador.
En los últimos días se ha publicado en algunos medios que Sánchez se muestra renuente a conceder el indulto a Griñán, como si a nuestro presidente del Gobierno le hubiera dado de repente un espasmo moral. Y eso que tiene la mano rota de firmar indultos. Así que el expresidente andaluz y del PSOE debe entrar en la cárcel en virtud de una sentencia de la Audiencia de Sevilla y algo habrá que hacer para evitarlo.
La proposición de ley presentada el pasado viernes por los grupos del PSOE y Unidas Podemos no sólo para eliminar la sedición sino también para modificar la malversación va a ser la más rápida de la historia parlamentaria mundial, salvo que la oposición explote a fondo todos los recursos legales posibles para frenar este golpe de Estado legislativo, similar a la operación del separatismo por la que el parlamento catalán derogó la Constitución y el Estatuto para aprobar las leyes de desconexión de la república catalana, los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
La supresión del delito por el que fueron condenados los golpistas en el Tribunal Supremo viene acompañada por el anuncio de la modificación de uno de los delitos cometidos por los separatistas y por los socialistas condenados por el caso de los ERE, la malversación de caudales públicos. Jugada maestra de Sánchez y Junqueras. Una cosa tapa a la otra, donde está la bolita, la bolita dónde está. Es obvio que dar un golpe de Estado es más grave que robar a todo el mundo para repartir el botín con tus amigos, pero hoy por Junqueras y mañana por Griñán. Ocurre que la condición de golpista acarrea la condición de corrupto y al corrupto, si es que no es golpista, no le importa tratar con ellos. Se entienden, saben de qué están hablando en cada momento. Son delincuentes, más o menos peligrosos. PSOE y ERC son aliados históricos. Como con los "abertzales".
Su osadía es pareja a la desvergüenza. He ahí el ministrín Bolaños diciendo condescendiente que eso de cambiar la malversación que piden los separatistas se lo tiene que mirar con calma, pero que está "abierto". Se creen que todos menos ellos somos unos perfectos idiotas.