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Pedro de Tena

Griñán y la buena conciencia

¿En qué se diferencia el ciudadano Griñán de otros y otras que sufren penas de cárcel por delitos mucho menos graves?

¿En qué se diferencia el ciudadano Griñán de otros y otras que sufren penas de cárcel por delitos mucho menos graves?
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. | Europa Press

José Antonio Griñán, uno de cuyos tíos fue miembro del Tribunal que condenó a José Antonio Primo de Rivera a la pena de muerte en uno de los procesos más escandalosos y miserables de la historia de España, sigue dando muestras de tener buena conciencia –lo de la mala conciencia y su examen no parece ser cosa de socialistas—, y de considerar que todo su caso no es más que una inquina judicial y partidista de las derechas contra su persona.

Griñán, quien recuerda a aquel tío suyo en su reciente libro, no menciona siquiera, dada su finísima amnesia profunda, que el instructor de aquel caso fue un un amigo de Indalecio Prieto que quería controlar el proceso por si podía haber cambio de "cromos" y adquirir ventaja sobre Largo Caballero (que tenía un hijo en manos de las tropas franquistas).

Por si fuera poco, la pantomima del jurado popular fue de tal guisa que sólo estaba compuesto por militantes de izquierdas. Tan obvia fue la patraña que hasta algunos de sus miembros dudaron de que el procesado fuese culpable de algo relacionado con el alzamiento del 18 de junio de 1936 porque estaba encarcelado desde mucho antes. Pero se impuso el matonismo y la malversación intencionada de la justicia.

Pero en su caso, el de los ERE, ha habido una larguísima instrucción desde hace doce años, con cuatro jueces instructores diferentes. Acusaron a Mercedes Alaya de ser afín al PP, cosa incierta. Acusaron a la juez María Núñez Bolaños de simpatía hacia el PSOE, pero no tocó la pieza matriz del caso ERE. No sé si acusan al juez Álvaro Martín, que terminó la instrucción, de ser de la derecha profunda.

Tampoco si al juez de refuerzo actual, José Ignacio Vilaplana, encargado de los macrocasos de corrupción pendientes, lo señalan como derechoso. Entre todos ellos, se cerró una instrucción con unas conclusiones penales. Que todo fuera debido a una campaña de derribo personal hacia él, parece demasiado soberbio, incluso para alguien como Griñán.

Antes del juicio, el Parlamento andaluz, siendo él mismo presidente de la Junta, aprobó tras rechazar varias propuestas anteriores una comisión de investigación que finalizó el 28 de noviembre de 2012. El PSOE sólo demandó responsabilidades políticas al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero Benítez; IU, a los exconsejeros Antonio Fernández García y José Antonio Viera; mientras el PP elevaba la culpabilidad hasta la cima de la Junta de Andalucía, en las figuras de los presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esto es, salvo su partido, nadie lo encontró inocente.

Posteriormente, se celebró un sonado juicio en el que la sala de la Audiencia de Sevilla que lidió con el procedimiento lo hizo por razones de competencia y derecho, no por razones políticas. Fueron los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos superiores jerárquicos eran y aún son filosocialistas, los que desde el primer momento tuvieron clarísima su culpabilidad y la del nutrido grupo de altos cargos que están a punto de entrar en la cárcel, aunque podría ser que pasaran los Reyes Magos y nadie hubiera cruzado las puertas de una cárcel.

Tampoco se acuerda José Antonio Griñán de que la Junta de Andalucía, que presidía Susana Díaz por entonces, fue acusación particular en la instrucción del caso. Tampoco parece recordar que durante el juicio, que comenzó un 5 de diciembre de 2017, fue nombrada por Pedro Sánchez Fiscal General del Estado la hasta entonces fiscal jefe de Sevilla y responsable del caso ERE, María José Segarra, y que desde entonces hasta ahora, con breves interregnos de pocos meses, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Sevilla han estado en manos de socialistas, filosocialistas o simpatizantes destacados de la izquierda.

Los peritos judiciales del Estado dejaron claro y corroboraron las tesis de la Fiscalía convenciendo al Tribunal de que lo ocurrido fue consecuencia de comportamientos delictivos. Lo mismo vio en su día el Tribunal Supremo tras haber sopesado los recursos que se elevaron a su instancia superior.

Puede entenderse que su familia haya solicitado el indulto, pero sigo sin entender su inconsecuencia personal y su falta de entereza. Una vez reconocida la responsabilidad política por el quebranto de los fondos públicos, fondos que fueron a parar a amiguetes varios del PSOE, ¿qué razón ética hay para no admitir la sentencia firme del Supremo? ¿Cómo que no se llevaron un euro? ¿Es que su comportamiento no merece una pena? ¿En qué se diferencia el ciudadano Griñán de otros y otras que sufren penas de cárcel por delitos mucho menos graves y no siempre relacionados con el dinero público?

Que ilustres personalidades hayan pedido el indulto para el "honrado" Griñán apuntillando el prestigio del Tribunal Supremo y la defensa de los millones de andaluces excluidos de las ayudas del caso ERE, es de vergüenza ajena. Que en esa petición se olvidaran de todos los demás condenados sobre los que Griñán tenía autoridad política, es de una mezquindad memorable. Que entre todos ellos estén dispuestos a cargarse el Estado de Derecho para salvar el culo, es sencillamente una bajeza que demuestra, de nuevo, que el socialismo español sigue sin aceptar la igualdad ante la ley que exige la democracia. Griñán es mucho más igual que otros.

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