La Constitución cumplirá este martes cuarenta y cuatro años de vida, desde que fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una gran mayoría de los españoles. Un nuevo aniversario en el que, con todo lo que está sucediendo, habrá que soportar el ritual de celebración que se lleva a cabo todos los años en el Congreso de los Diputados.
A día de hoy, no hay nada que celebrar, porque la Constitución está sufriendo en los últimos años los mayores ataques e intentos de destrucción, fundamentalmente llevados a cabo por el gobierno Frankestein que encabeza Pedro Sánchez y por sus principales socios parlamentarios: los golpistas independentistas catalanes y los herederos políticos de ETA.
Más que celebrar este nuevo aniversario de la aprobación de la Constitución, lo que hay que hacer es defenderla con uñas y dientes de quienes quieren acabar con ella, y con ese espíritu de la transición que se reflejó perfectamente en la elaboración y en la aprobación de la Carta Magna.
En su intervención ante los asistentes al acto de este martes, la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hablará muy probablemente de ese espíritu de concordia, de entendimiento, de lugar de encuentro entre diferentes, que supuso la Constitución, mientras que su partido se ha dedicado a cercenarla en los últimos años. Muy similares serán las declaraciones de los diferentes líderes políticos que acudan al acto, entre los que no estarán, obviamente, ni el Presidente de la Generalitat de Cataluña, ni el lehendakari vasco. Tampoco estará ningún representante de VOX, aunque evidentemente por razones muy distintas a los anteriormente citados.
Nuestra Nación vive el momento más delicado y más grave de su historia reciente por mor de un presidente de Gobierno absolutamente irresponsable, que ha hecho de la permanencia en el poder, al coste que sea, la razón de su existencia. Un presidente que encabeza un Gobierno que como dijo recientemente el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, se mantiene gracias al apoyo de los que se quieren ir de España, es decir, de los independentistas catalanes y vascos. Así de claro y así de crudo.
La modificación del Código Penal para rebajar el delito de sedición, que como ha "cantado" Gabriel Rufián, ERC arrancó a Sánchez a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, ha sido quizás el ataque más grave a la Constitución, porque se ha privado al Estado de Derecho de un instrumento para defenderse de quienes quieran atacar la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", como reza el artículo 2 de la Carta Magna. A partir de esa rebaja, saldrá muy barato llevar a cabo otra intentona secesionista como la que tuvo lugar en Cataluña en 2017.
Las descalificaciones a la Monarquía desde el seno del propio Gobierno de España, conjugados con los intentos del Presidente del Gobierno de convertir a la persona del Rey Felipe VI en una figura meramente decorativa, es otro ataque a uno de los pilares de la Constitución como es la forma política del Estado reconocida en el artículo 1.3.
El asalto de este Gobierno a las Instituciones que no controla —fundamentalmente el poder judicial—, los obstáculos y dificultades de todo tipo para que en algunas partes de España se pueda estudiar, si así se desea, en español; la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; las trabas para que exista en la práctica una plena libertad de enseñanza respetando el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, son otros ejemplos relevantes de ese maltrato a la Constitución por parte de los actuales gobernantes.
Por lo tanto, este 6 de diciembre, hay muy poco que celebrar, mucho que lamentar, y, sobre todo, tener claro por parte de los partidos realmente constitucionalistas —el actual PSOE ya no lo es— y de las diversas asociaciones de la sociedad civil que se mueven en ese ámbito, que el objetivo casi único, y desde luego prioritario, es echar democráticamente cuanto antes a Pedro Sánchez de la Moncloa.