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EDITORIAL

Para que la financiación del "procés" deje de ser delito de malversación

Sánchez da lecciones de constitucionalismo a la vez que filtra su disposición a dejar de considerar malversacion la financiación de golpes de Estado.

Resulta surrealista que un gobierno que ha proclamado dos estados de alarma declarados inconstitucionales; que sustenta su acción de gobierno en el apoyo formaciones separatistas públicamente contrarias al ordenamiento constitucional; que ha indultado a los golpistas del 1-0; que acaba de derogar el delito de sedición y que se niega a que el Consejo General del Poder Judicial se renueve, tal y como reclama el Consejo de Europa y dice la letra y el espíritu del articulo 122.3 de nuestra Carta Magna, permitiendo que, al menos, la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados, tenga la desfachatez de dar lecciones de constitucionalismo al principal partido de la oposición.

Aun así, y por si la impostura del Ejecutivo socialcomunista fuera poca, el presidente Sánchez ha escogido el día que celebramos el 44 aniversario de nuestra Carta Magna para filtrar su nauseabunda disposición a reformar el delito de malversación de fondos públicos de tal forma que la financiación con caudales públicos de golpes de Estado como los que protagonizaron sus socios de gobierno en Cataluña deje de ser considerada un delito de malversación de caudales públicos.

Por mucho que fuentes del Gobierno aseguren que esta "revisión del delito de malversación" no afectará en ningún caso "a la lucha contra la corrupción", es público y notorio que el Ejecutivo socialista ha pasado a considerar algo tan disparatado como que no existe corrupción cuando el dinero publico desviado no acaba en los bolsillos particulares de quien desvía los fondos. De esta forma, no sólo la financiación de ilegales estructuras de Estado o de ilegales consultas secesionistas como las del 9-N de 2014 y el 1 de octubre de 2017, sino la propia financiación ilegal de los partidos políticos, dejarían de ser considerada un delito de malversación de fondos públicos en caso de no satisfacer el ánimo de lucro particular de los que desviaron el dinero del contribuyente.

Ni que decir tiene que esta esperpéntica consideración, que tanto viene a restringir lo que es un delito de malversación, es un completo dislate jurídico que fija su atención, no en el perjuicio ocasionado a las arcas públicas por la comisión del delito sino por el mayor, menor o nulo lucro personal que le procura al que lo perpetra.

Lo cierto es que desde que Artur Mas iniciara el ilegal proceso de independencia al grito de "No nos pararán ni tribunales ni Constituciones" y creara en 2013 con dinero público el ilegal Consejo Asesor para la Transición Nacional Catalana, el llamado procés ha sido, todo él, un delito continuado de malversación de caudales públicos que no se limita en modo alguno a las ilegales consultas secesionistas perpetradas en 2014 y en 2017. Cosa distinta es que desde que el otrora Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentara su dimisión, tras instar, a iniciativa propia, las actuaciones contra Mas, Ortega y Rigau por los delitos de usurpación de funciones, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, la Fiscalía, en concordancia con el pusilánime gobierno de Rajoy, partidario de restablecer el orden constitucional en Cataluña tras el 9-N por la vía del "diálogo", fuera paulatinamente retirando los cargos contra los acusados hasta reducirlos únicamente a los de desobediencia y prevaricación, por los que ninguno de ellos ya tendría que ingresar en prisión y para los que la fiscalía ya sólo pedía los diez años de inhabilitación para cargo público.

Aun así, que ni la cobardía de Rajoy ni el nihilismo de Sánchez llame a nadie engaño: la intentona secesionista que los socios de Pedro Sánchez mantienen contra nuestro ordenamiento constitucional jamás fue financiada con su bolsillo sino con el dinero del contribuyente. Y eso constituye y debe seguir constituyendo uno de los más graves y desestabilizadores delitos de malversación que quepa imaginar.

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