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EDITORIAL

La Justicia acorrala a Ximo Puig

Puig, que hizo gala de su lucha contra la corrupción para llegar al poder, tiene que dar explicaciones sobre un caso que le concierne directamente.

A pesar de que el PSOE trata de eludir cualquier responsabilidad en la pieza separada del Caso Azud que investiga la existencia de una trama delictiva en seno del PSOE valenciano, lo cierto es que las investigaciones de la Justicia están estrechando el cerco sobre el presidente valenciano, Ximo Puig, cuyo silencio en torno a este asunto resulta ya de lo más elocuente.

En esencia, las investigaciones de la Guardia Civil revelan la existencia de un entramado de empresas que se beneficiaba de la adjudicación fraudulenta de contratos en la entidad pública Acuamed, a cambio de pagar gastos electorales de los socialistas valencianos. Una de estas mercantiles, Cronosport, llegó a financiar la campaña de publicidad del propio Ximo Puig cuando se presentó a las primarias del PSOE de 2008, en las que resultó elegido como candidato a la comunidad valenciana.

Pero los pagos irregulares de esta empresa a cambio de adjudicaciones no son un hecho aislado, sino que todo apunta a la existencia de una trama organizada por los socialistas valencianos para aprovecharse fraudulentamente de la adjudicación de numerosos contratos públicos. Así lo acreditan las investigaciones de la UCO, que señalan la participación de significados dirigentes socialistas valencianos en esta trama, encabezados por José María Cataluña, tesorero del PSPV-PSOE, en cuyos papeles aparecen anotaciones con el nombre de Ximo Puig. Junto al encargado de las finanzas del PSOE valenciano aparecen también otros nombres destacados de la organización, investigados por su participación en esta pieza separada sobre presunta financiación ilegal, lo que invalida la pretensión de los socialistas de que todo obedece a la actuación aislada de algún militante a título individual.

Muy al contrario, estamos ante una operación idéntica a la trama Gürtel, a través de la cual determinados dirigentes del Partido Popular amañaban contratos para financiar a su partido, enriqueciéndose ellos mismos por el camino. De hecho, mientras la Audiencia Nacional investigaba este entramado corrupto en el seno del PP en 2009, los socialistas valencianos estarían llevando a cabo una operación idéntica en su concepción para financiar irregularmente al PSOE en la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, los argumentos de Ferraz para no actuar contra Ximo Puig de inmediato suenan a pretexto improvisado para no reconocer la existencia de un caso de corrupción en el seno del Partido Socialista en Valencia, una de las franquicias más importantes del PSOE. Puig, que hizo gala de su lucha contra la corrupción para llegar al poder, tiene ahora que dar explicaciones sobre un caso que le concierne directamente y cuyas implicaciones pueden salpicar gravemente al PSOE a escala nacional.

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