Un Gobierno determinado por políticas golpistas y una Oposición descerebrada fueron las motivaciones esenciales de la protesta pública del día 21 de enero en la Plaza de Cibeles. Los manifestantes, más allá de sus adscripciones ideológicas y políticas, defendían el espacio público-político de las garras de los partidos políticos. Fue la principal lección de la Manifestación de Cibeles. Pronto silenciada u olvidada por los propios partidos: Sánchez, simplemente, ha calumniando el acto democrático comparándolo con las movilizaciones salvajes de quienes patrimonializan un espacio que pertenece a todos los españoles, Cataluña; Núñez Feijóo tampoco le ha ido a la zaga y ha despreciado la esencia de la democracia, porque antepone la "ley del número", o sea que gobierne la lista más votada, antes que llegar a acuerdos en el ámbito público-político desde las diferencias.
He ahí dos muestras obvias del secuestro del espacio público-político por parte de los políticos. Y, por supuesto, he ahí dos pruebas más para que la sociedad civil esté alerta ante este deterioro democrático. En Cibeles estaba ese magma complejo y rico, vivo e indeterminado, llamado sociedad civil para poner pie en pared, como he dicho en otra ocasión, ante el secuestro que de la política en general, y de la democracia en particular, han llevado a cabo en España los políticos profesionales. España sufre, en verdad, la mayor crisis de representación política que le cabe a una Nación, a saber, su institución de Gobierno (sic) quiere acabar, eliminar y hacer desaparecer a la instancia clave que debería representar, la Nación española, fundamento del sistema constitucional de 1978, base de las libertades políticas de todos los españoles. A partir de ahí, de esa simulación de representación, el entero sistema político, y muy especialmente los cauces de participación política de los ciudadanos, están pervertidos.
El concepto de representación política en todos los niveles de nuestra tambaleante democracia es, dicho al modo del filósofo Kant, una intuición ciega, o peor, un concepto vacío. Retórica vana es, sin duda, toda la faramalla ideológica del Ejecutivo de Sánchez, porque su política está sostenida por exterroristas, separatistas, nacionalista vascos y catalanes con un programa político común, a saber, la desaparición de la unidad nacional. Es obvio que un Gobierno con esos apoyos no es legítimo, e incluso es dudosa su legalidad. Por eso no ha habido, y sospecho que no habrá tampoco en el futuro inmediato una acción política del Gobierno de Sánchez dirigida a proteger el principal bien del país: la unidad del Estado-Nación.
La carencia de una política de unidad nacional ha repercutido inmediata y directamente en las libertades individuales y políticas. No se gobierna sino que se dictan normas para favorecer a unos pocos y matar la nación. De ahí que toda la miseria "legislativa" surgida en esta legislatura haya estado centrada en producir normas de prohibición. Prohibir, prohibir y prohibir libertades es la obsesión del gobierno. Suprimir, suprimir y suprimir libertades ciudadanas es el hilo directriz de un Ejecutivo movido por un afán totalitario, o sea, borrar las barreras necesarias e imprescindibles entre el poder, el conocimiento y el derecho. Sin diferenciar de modo claro y preciso esos ámbitos no hay posibilidad de democracia. Pero el Ejecutivo de Sánchez ha roto esas barreras; sí, su Poder dicta qué es el saber y, además, pretende "legitimarlo" con el Derecho, o sea, con su perversión (el derecho es el derecho del más fuerte, es decir, del que tiene un voto más que el resto). ¡Y para qué hablar de la tragedia de la inexistencia de la división o balance de poderes, si la representación política no existe!
¿Qué ha hecho la Oposición para detener esta locura totalitaria? Poco y mal. Ha quedado hueca y obtusa su denuncia al Gobierno golpista, porque golpista es, insisto, un gobierno que solo tiene por objetivo matar lo que le da vida, el Estado-Nación: España. Vacía, sí, es la crítica del PP y VOX al Ejecutivo golpista, porque ha sido incapaz de plantear un programa de gobierno genuinamente nacional; y mal, sí, porque cuando han formulado alguna idea clave de España lo han hecho sin tener presente que no estamos en una situación de normalidad democrática sino de golpismo permanente. Exactamente eso, una situación de tragedia nacional, que repercute directamente en las libertades de cada uno de nosotros, es lo que ha visto con nitidez la sociedad civil española en la gran manifestación de Cibeles.
La sociedad civil española nos convocó en Cibeles para defender el fundamento de la democracia, a saber, que cada individuo pueda llegar a ser lo que es, dicho en lenguaje liberal, sin verse sometido a presiones o favores. O sea defender la libertad individual. ¡Cómo no estar contento con esta convocatoria! Cibeles ha sido algo más que un toque de atención a la apropiación fraudulenta de los partidos políticos del espacio público político. Se trata de la reconquista de la política para la sociedad civil. Es un serio aviso para que el Estado de Partidos reforme sus tendencias y proclividades totalitarias. Y, sin embargo, no habían pasado ni 48 horas del acto político de Cibeles para que ya hallásemos pruebas suficientes de que los partidos políticos no han aprendido nada de lo sucedido, o peor, no dejan de manipularlo a favor de sus intereses. O sea vuelta a empezar: sin la movilización permanente de la sociedad civil en defensa de la libertad la democracia desaparece.