El presidente del Gobierno, llevado de su apetencia presidencialista, desperdició la tolerancia que, indebidamente, había concedido la UE y ahora se enfrenta a la realidad de una España quebrada, y a las advertencias de la Unión para que ponga en orden las cuentas de la Nación.
Aquí, sólo se habla de los pensionistas cuando, éstos, no hicieron más que pagar, obligatoriamente, unas cuotas –no unos impuestos– para tener derecho a una asistencia sanitaria, a unas prestaciones por desempleo, a la cobertura en caso de accidente y, en lo que ahora estamos, a unas pensiones de jubilación, llegado el momento.
Ahora, resulta que el asegurador –Estado español– puede declararse insolvente porque, a decir del ministro Escrivá, hay que reformar el sistema, cuando la enfermedad del Estado no se limita a las pensiones, sino a la gestión de los recursos públicos.
¿Aceptaríamos que una pensión asegurada por una aseguradora privada nos responsabilizara de no poderla pagar? Pues eso, en lo público, pretende mostrarse como normal.
La solución del señor ministro es subir las cotizaciones de empresas y trabajadores, o sea aumentar el coste del trabajo porque, según su ecuación, a más cotizaciones, más recaudación, para pagar aquellas obligaciones asumidas, años atrás, por el Estado.
Y todos en el gobierno de Sánchez convergen en discursos con fin idéntico. La ministra de Hacienda repite con desparpajo que los jubilados no necesitan sus pensiones; que son para sus familias. Y pregunto ¿quién le ha dado vela para determinar a qué dedican las pensiones los pensionistas?
El ministro Escrivá considera que la solución del problema no pasa por reducciones de gasto, sino por incremento de ingresos. Pero en su ecuación, supone que el número de trabajadores cotizantes crecerá, o al menos se mantendrá, con ese millón de parados.
Pero en economía aprendimos que, si aumenta el precio de algo, también del trabajo, disminuye su demanda, con lo que, la recaudación disminuirá en lugar de crecer. No extraña que, en Bruselas, le hayan pedido un mecanismo de control, no en manos del Gobierno –nadie confía– sino de su recordada AIReF.
Lo cierto es que, en 2020, tras las elecciones presidenciales de Sánchez, el déficit público llegó al 10,1% del PIB, siendo el límite europeo el 3,0%, y la deuda pública alcanzó el 115,6% del PIB, cuando el límite es el 60,0%.
Pasar de 12 ministerios más una vicepresidencia –de Rajoy– a 22 ministerios, una portavocía, y tres vicepresidencias, iba a tener efectos devastadores para España. ¿Tanto valía un voto? ¿No se le ha ocurrido al ministro de Inclusión reducir todo lo que Sánchez amplió? Eso sí que mejoraría el sistema.
Tampoco menciona la necesidad de que toda asistencia/prestación/subsidio no contributivo, sin discutir su necesidad, no disminuya la hucha de las pensiones, porque son ajenas al sistema. Si hay que subsidiarlas, deberán cargarse Tesoro Público, no a los pensionistas, que sí que cotizaron.
Dice el refrán que cada palo aguante su vela, o terminaremos sin palo y sin vela.