El pasado miércoles 17 de mayo se vivió en el Congreso de los Diputados una jornada aciaga para la Democracia en España (y Europa) que, a mi entender, la coloca a las puertas de convertirse en una mera cuestión formal, y más cerca que nunca de una autocracia popular al estilo del neosocialismo popular Iberoamericano. Lo vivido en el Congreso en esta jornada, con el tiempo y si no lo remediamos el día 28M yendo a votar todos los demócratas con independencia de nuestra ideología política, puede convertirse para los historiadores en el Rubicón que marca la línea entre la democracia liberal y la democracia popular, esa en la que las instituciones, las leyes y los derechos individuales no son más que mero decorado al servicio de la autocracia, como así ocurrió.
No es aceptable en una Democracia liberal que aparezca un miembro del Gobierno, una ministra como Belarra, asomada al atril vestida con una camiseta con la cara de un ciudadano individual, un español libre y con derechos, señalándole públicamente y afectando a su libertad, a su honor y acusándole falsamente de cobrar mordidas por el mero hecho de ser el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Un ciudadano libre al que se acusa de algo que los tribunales, tanto españoles como europeos, han investigado y han declarado libre de toda sospecha y culpa. Un ciudadano cuyo único pecado es ser hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que la paleoizquierda (para distinguirla de la izquierda democrática que espero siga viva en alguna parte) detesta porque no pueden con ella electoralmente. Es el odio ciego a Ayuso, a todo lo suyo y a todo lo que representa porque no la pueden vencer en las urnas a pesar de todas las tretas, maldades y artimañas que utilizan. Es un odio desplazado hacia su familia, a la que desprestigian para hacerla daño, un daño personal a ella, individual, privado, que trasciende mucho más allá del ámbito público, es el daño que se sufre en silencio, en las reuniones familiares, en la llamada por teléfono entre hermanos. Un daño meditado, maligno y público, desde la tribuna del Congreso y los medios que lo amplifican para que lo vea toda España. Un daño en el que le están diciendo vamos contra ti y contra los tuyos.
Es el modus operandi de la mafia, porque en esta ocasión fue el hermano de Isabel Díaz Ayuso pero en otras ocasiones fueron empresarios de la construcción, de la alimentación, de los servicios, de la banca, de los medios de comunicación, e incluso ideologías o partidos enteros. Porque con el régimen —y digo régimen— que ha instaurado este gobierno liberticida, con Pedro Sánchez al mando, nadie está libre de que mañana le toque a uno mismo, porque sí, sin más motivo, porque pasaba por allí, porque les viene bien. Como ya han hecho convirtiendo en satán social al ahorrador, al que tiene un fondo o un plan de pensiones, al que caza, al que le gusta la carne o profesa una fe que no sea la suya. Al que tiene un coche y quiere utilizarlo o al que dispone de un seguro privado de salud. Al que lleve a sus hijos a un centro privado o concertado, o disfrute de un piso en la playa o en el campo. Da igual, porque este gobierno de sátrapas no tiene límite en utilizar cualquier método si le sirve para su único fin: no salir jamás del poder.
Esa misma ministra, de ese mismo Gobierno presidido por Sánchez, anunció que Unidas Podemos va a presentar una iniciativa para perseguir penalmente a las empresas de desocupación. Adelanta con total desparpajo, en España ya vale todo, una ley contra una empresa y una persona concreta, para meterla en la cárcel amenaza al más puro estilo stalinista. Algo impensable en una Democracia e incompatible con el Estado de Derecho donde las leyes, por definición, se hacen por y para todos, no de encargo, menos aún como coacción. Un comportamiento, una utilización del parlamento y de la ley absolutamente inaceptable, un autoritarismo despótico, idéntico al que utilizan los sátrapas bolivarianos al otro lado del charco, que recuerda al estudiado "exprópiese" de Chávez y Maduro ante las cámaras y cuyo objetivo no era otro que el de trasmitir arbitrariedad, infundir temor y lograr la sumisión, que nada tiene que ver con el derecho. Es el mismo método que caracteriza también el autoritarismo de los Castro, de los Ortega o de Cristina Fernández de Kirchner que, a pesar de estar condenada por gravísimos delitos, es la musa de Yolanda Díaz, a la que va a visitar y blanquea desde la vicepresidencia de España.
Pero la cosa no acabó ahí, porque mientras desde el gobierno se atentaba contra el honor de un ciudadano privado y amenazaba a otro con meterlo en la cárcel, la presidencia de la cámara, al servicio de Pedro Sánchez, expulsaba de la tribuna de oradores mientras intervenía a una diputada de VOX por hablar de un hecho objetivo y carente de cualquier juicio de valor o falta: de los condenados por terrorismo y asesinos que EHBildu lleva en sus listas electorales del 28M. La echó por hablar de lo que el Gobierno del PSOE no quiere que se hable, es decir, se trasgredió la regla sobre la que se asienta todo parlamento en una Democracia liberal, un lugar donde la palabra es sagrada, donde se dan argumentos —te gusten o no— para defender ideas, posicionamientos e ideologías, donde se da voz a los representantes de la nación, especialmente a las minorías, precisamente para, también, discrepar y controlar, bendita palabra esta, al poder ejecutivo. Cuando la vasalla de Pedro Sánchez quitó la palabra a la diputada de VOX se la quitó a los españoles en su conjunto, puesto que representa a todos, y convirtió el parlamento democrático en una sala a la búlgara, a la bolivariana, donde solo van los representantes del partido para aclamar a los jefes del partido. Un minuto y cuarenta y cinco segundos le dejó hablar la presidencia del Congreso a la diputada de VOX antes de interrumpirla y amenazarla, y en un minuto más le dio dos avisos hasta los tres preceptivos para quitarle la palabra, urgía quitarla de en medio. Una manera de acabar con la democracia por dos vías, la del autoritarismo antidemocrático y la del blanqueamiento de los enemigos de esa misma democracia y ese mismo parlamento. Porque sí, lo que hizo la presidencia del Congreso fue proteger y legitimar el terrorismo y la coacción trasmutando el sentido de la realidad al convertir a las víctimas en verdugos y al victimario, a los del terror, en damnificados.
El Congreso ya no es una institución plural e independiente, de la misma manera que no lo es el Tribunal Constitucional, ni otras tantas instituciones del Estado. Pedro Sánchez, mientras tanto, dirige la orquesta de esta infamia como Nerón y ha llevado a nuestro país, nuestra querida España, a un verdadero estado de emergencia democrática que solo podemos revertir por medio de las urnas.