Resulta evidente que los cambios políticos que cabe esperar del Gobierno de Feijóo, en el caso de que el PP sea el partido más votado en las próximas elecciones generales —cosa previsible pero que está por ver—, dependerá decisivamente de la forma en la que el candidato del PP acceda a la presidencia del gobierno: así, no cabe esperar el mismo cambio de rumbo en la política de nuestro país si la investidura de Feijóo se logra mediante un pacto con formaciones nacionalistas como Coalición Canaria o el PNV, o incluso con un pacto con el PSOE que lograse la abstención de los socialistas, a que la investidura del candidato popular se alcanzase mediante una coalición de gobierno o acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Vox, sin los cuales no sería creíble un cambio de calado como el que nuestro país necesita.
En todo caso, bien está que el líder de la oposición —aun sin despejar esta decisiva cuestión— se haya comprometido a derogar en sus primeros cien días de su hipotético gobierno algunas de las concesiones hechas por Sánchez a sus socios podemitas y separatistas a las que ningún otro dirigente socialdemócrata hubiera accedido, tal y como son las delirantes Ley Trans, la Ley de Bienestar Animal o la derogación del delito de sedición. Bien estaría también su compromiso de hacer una auditoria del gasto público si fuera acompañada —claro está— del compromiso de reducirlo en medida suficiente como para permitir una urgente reducción de impuestos; bien estaría también su compromiso de derogar la última Ley de Memoria Democrática, si no es, claro está, para reinstaurar la casi tan nociva, sectaria y liberticida primera Ley de Memoria Histórica que se promulgara en tiempos de Zapatero. Otro tanto se puede decir de su compromiso de una reforma del Poder Judicial para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ, exigencia que se debería haber plasmado antes de la última y politizada renovación del Órgano de Gobierno de los Jueces, y que ahora, pese al cambio que Feijóo propone, no evitará la funesta herencia de un Tribunal Constitucional presidido por el socialista Conde-Pumpido.
Lo que es evidente es que todos estos compromisos de Feijóo, aun yendo en la buena dirección, son clamorosamente insuficientes para el profundo cambio de rumbo que España necesita. Y no lo decimos sólo por el hecho de que la recuperación del delito de sedición o el de malversación, sin la determinación de aplicar el articulo 155 de la Constitución, no impedirá —como no impidió— las malversaciones y las ilegales consultas secesionistas como las que se perpetraron el 9-N y el 1-0; tampoco lo decimos porque de nada servirá la reducción del número de ministerios que propone Feijóo si los que quedan siguen gastando en conjunto lo mismo, o no se pone coto al despilfarro autonómico —principal responsable del déficit y endeudamiento del Reino de España—, o si la auditoria de las cuentas públicas no van acompañada de una cura de adelgazamiento. Lo decimos también porque España necesita de compromisos de cambio en muchas otras áreas, como la destinada a erradicar la fracasada y antiliberal Ley de Violencia de Género —germen de la disparatada Ley del sólo sí es sí—; o un claro compromiso de desideologización de la educación, de libertad de enseñanza, de garantía de poder estudiar en español en toda España o de liberalización de los mercados y de reducción del gasto público y de la presión fiscal. Todo ello brilla por su ausencia en estos compromisos de Feijóo, que bien podría considerarse una propuesta "socialdemócrata" si no fuese por el grado de envilecimiento al que lo ha sometido Pedro Sánchez.
Lo que resulta evidente es que la cantinela de que las negociaciones para conformar gobiernos autonómicos y municipales allí donde el PP no ha logrado mayoría absoluta deben esperar a que se celebre las elecciones generales sobre la base de que el periodo preelectoral no es momento para acometerlas sino para aunar fuerzas contra "el sanchismo", además de carecer de lógica, ha sido rotundamente desmentida, vista la celeridad con la que el PP ha cerrado un acuerdo con los nacionalistas para hacerse con el gobierno de Canarias o la celeridad con la que el candidato del PP ya se postula presidente de Aragón gracias a un acuerdo con Teruel Existe que margina a Vox.
Habrá que dar tiempo al tiempo y mucho más de cien días a Feijóo, pero pocas promesas de cambio caben esperar si su partido, a la hora de buscar apoyos, sólo se permite mirar a su izquierda.