La todavía ministra de Igualdad Irene Montero se niega a cumplir la resolución del Tribunal Supremo que le insta a retractarse y le obliga a pagar 18.000 euros a un ciudadano al que tachó de maltratador y agresor sexual. Los magistrados estimaron la querella de ese hombre contra la ministra por vulneración del derecho al honor e instaron a Montero a publicar en un periódico de difusión nacional y en su cuenta en la red social X el encabezamiento y el fallo de la sentencia, así como a eliminar el mensaje en el que compartía un vídeo en el que insultaba a dicha persona.
El afectado es Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, a quien la jauría ultrafeminista adoptó como punta de lanza de la causa por presidir la desarticulada organización Infancia Libre. Entre sus "méritos", seis denuncias falsas contra su expareja y el secuestro del hijo de ambos, a quien tuvo más de dos años recluido y sin escolarizar. Condenada a más de dos años de prisión por aquellos hechos, fue indultada por el Gobierno.
Montero, que ha dado sobradas muestras de su titánica incapacidad para enmendar sus costosos errores, se obstina en incumplir el fallo del Tribunal Supremo, por lo que la parte demandante ha tenido que pedir la ejecución forzosa de la sentencia. La lista de escándalos protagonizados por la ministra es interminable. La ley del "sí es sí" debería haber propiciado su cese fulminante, toda vez que es imposible que reconozca uno solo de sus sus múltiples errores, propiciados por un empecinamiento que sólo puede ser tachado de enfermizo. Montero no ha sido ni siquiera capaz de pedir perdón por ese grave delirio en forma de ley que ha puesto en la calle a más de cien violadores y ha rebajado la condena a más de mil.
El perfil de la ministra es el de alguien perfectamente incapaz de ostentar ni el menos comprometido cargo público. Su soberbia es pareja a su incompetencia, su intolerancia y su inclemencia. Que todavía ostente la cartera de Igualdad es, además, una muestra de desprecio y de absoluta falta de empatía con las víctimas de la gestión de ese ministerio por su parte y por la del presidente en funciones, Pedro Sánchez.
El Ejecutivo social-comunista se ha caracterizado, entre otras cosas, por la más absoluta prepotencia, pero el caso de Irene Montero linda con lo patológico, rezuma desprecio por la ciudadanía y evidencia una carencia absoluta de escrúpulos. La ministra no está por encima de las leyes ni de los tribunales, pero actúa como si tal con un desparpajo digno de estudio. Convencida de que todo el mundo, y en especial los hombres, está en su contra, se comporta de una manera absolutamente impropia en alguien con responsabilidades públicas. Es un ejemplo de todo lo que no debe ser y hacer una ministra, con una intemperancia inaudita y unas formas intolerables. Presa de una acentuada manía persecutoria está escribiendo unas de las páginas más negras de nuestra historia reciente. En términos políticos es un juguete roto que va dando tumbos exhibiendo su venenosa nulidad y unas actitudes contrarias a las más elementales normas de la democracia y la convivencia.
El cese sería lo mejor que le podría ocurrir a ella y a la inmensa mayoría de los españoles. Y en especial, a las mujeres víctimas de agresiones y maltratos. Dejará tras de sí un erial tan grande como el alivio generalizado que sin duda suscitará su desaparición de la vida pública.