Los ciudadanos contrarios a la amnistía que urden el PSOE, Sumar y los partidos separatistas para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente tienen la oportunidad este domingo a las 12:00 horas en el paseo de Gracia de Barcelona de mostrar su rechazo ante semejante ataque a la igualdad de los españoles, la Constitución, la unidad nacional y las garantías judiciales. El precio que está dispuesto a pagar Sánchez no corre de su cuenta sino que va a cargo y en contra de los españoles que vieron peligrar su futuro en el seno de un país libre y democrático debido al intento secesionista capitaneado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ahora interlocutores de preferencia del Gobierno en funciones para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa.
La amnistía para quienes pisotearon en 2017 el marco democrático, derogaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la región de Cataluña, vulneraron los derechos civiles de millones de personas, provocaron enfrentamientos sociales y un inédito éxodo económico es un ataque contra la esencia misma de la convivencia y la democracia, contra la libertad y la igualdad, un auténtico golpe de Estado, la continuación de aquel. Ni la Constitución ni ninguna ley ampara la amnistía que Sánchez está dispuesto a conceder a los delincuentes independentistas. Y lejos de ayudar a la "normalización" de la situación catalana, tal como se encargan de difundir los voceros del sanchismo, lo que hace es sentar las bases de una nueva asonada, agrandar la brecha social, fomentar la inestabilidad política, desatar la inseguridad jurídica y dar más facilidades a los separatistas para que acaben imponiendo su voluntad.
La concesión de una amnistía supone subvertir la realidad, puesto que implica dar la razón a los independentistas que aseguran que España no es un Estado democrático y que se les persigue por su ideología, no por sus actos delictivos. Nada más lejos de la verdad y no hay más que ver quién gobierna en la Generalidad catalana para concluir ese falso debate.
Los partidarios de la amnistía objetan que la medida es necesaria para la "reconciliación". Obvian el hecho de que ninguno de los indultados ha pedido perdón, sino todo lo contrario. El lema de los golpistas excarcelados o en fuga de uno u otro partido es "lo volveremos a hacer". Y a mayor abundamiento, mientras se cierran los flecos de la impunidad, los separatistas anticipan la exigencia de un referéndum de autodeterminación que es la consecuencia natural de considerar que el golpe de Estado, el referéndum ilegal, las amenazas y todas las vulneraciones perpetradas por los separatistas y la Generalidad durante el otoño de 2017 no fueron delito.
Amnistiar a los golpistas que siguen empeñados en triturar la democracia y los derechos civiles es consagrar el triunfo del golpe de Estado, pero a mayor escala aún. Un Gobierno sustentado en semejante barbaridad ni es legítimo ni democrático. De ahí la importancia de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana este domingo en Barcelona, un acto que está por encima de las siglas de los partidos y que es, en esencia, resistirse a un nuevo intento totalitario, pero más peligroso si cabe, y defender la democracia. Aunque pueda no parecerlo, la situación actual es más grave incluso que la del otoño de hace seis años, cuando un millón de personas salieron a la calle en Barcelona en otro domingo 8 de octubre para frenar la declaración de independencia. Si aquella fue una cita crucial, esta lo es más, pues el ataque contra la convivencia y la libertad ya no parte sólo de la Generalidad, sino que involucra al propio Gobierno que debería ser el primero en velar por la legalidad democrática, la división de poderes, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica.