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EDITORIAL

¿Cumpleaños o funeral de la Constitución?

Lo que Sánchez pretende no es renovar el CGPJ sino someterlo a su control, tal y como ya ha hecho con el Tribunal Constitucional.

No le faltan razones a Alberto Nuñez Feijóo al mostrarse más preocupado que nunca por la salud de la Constitución Española en su 45 aniversario en unos momentos en que el movimiento político contra nuestra Ley de Leyes ya no lo lideran, ciertamente, los socios separatistas y golpistas de Pedro Sánchez sino el propio presidente del Gobierno. Y es que, como también ha señalado el líder del PP, "la amnistía es una enmienda a la totalidad de la Constitución", por lo que ha criticado la incoherencia —más bien, hipocresía— de los socialistas al celebrar este aniversario a seis días de que la amnistía, auténtica voladura de la igualdad de los españoles ante la ley y del respeto a la separación de poderes, se someta a su primer trámite parlamentario para su toma en consideración en el Congreso.

Mención aparte merece el discurso de la presidente del Congreso Francina Armengol que, nuevamente, ha aparcado su papel institucional para pronunciar una diatriba bochornosamente sectaria y partidista en la que ha abogado por renovar la Constitución desde el programa de la izquierda, sin olvidar sus apocalípticas referencias a un cambio climático que estaría causando "millones de muertos" o su defensa de la voracidad fiscal de este gobierno. Eso, por no hablar de su afirmación de que el modelo territorial de la Constitución "deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones", afirmación que ha sido acertadamente interpretada por la oposición constitucionalista como una velada referencia al "derecho a decidir" con el que los separatistas se refieren al falso derecho de autodeterminación. Y es que ¿a qué otra cosa se podría referir Armengol si tenemos en cuenta que los ciudadanos llevamos casi medio siglo decidiendo libremente quienes son nuestros representantes políticos?

No menos reseñable es la disputa en la que se han enzarzado el presidente del Gobierno y el líder de la oposición a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde hace años venimos denunciando cómo la incomparecencia y la falta de comunicación y pedagogía política por parte del PP ha permitido al PSOE inocular en la opinión publica un relato tan falso como exitoso según el cual no sería el PSOE y su negativa a renovar el Órgano de Gobierno de los Jueces según los criterios de independencia que nos reclama la Unión Europea —en concordancia, por cierto, con lo que literalmente dice el articulo 122.3 de la Constitución— el responsable de esta situación de interinidad del CGPJ que ya dura cinco años, sino el "bloqueo" de la misma por parte del PP.

En este sentido, debería ser el PP y no el PSOE, el que un día sí y otro también saliera a la palestra a denunciar el bloqueo socialista a una renovación del CGPJ por su negativa a atender lo que dice el punto 46 (capitulo VI) de la recomendación del Consejo de Europa de 2010: "La autoridad [el CGPJ] que toma decisiones sobre la selección y carrera de los jueces debe ser independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para garantizar su independencia, al menos la mitad de los miembros deben ser jueces elegidos por sus pares".

Eso, insistimos, por no hablar de lo que literalmente señala el articulo 122.3 de nuestra Carta Magna, que fija en 12 de 20 lo vocales que han de ser elegidos por los propios jueces y magistrados

Lo que Sánchez pretende, sin embargo, no es renovar el CGPJ sino someterlo a su control —tal y como ya ha hecho con el Tribunal Constitucional— lo que supondría darle la puntilla a lo poco que queda de independencia del Poder Judicial y de respeto a la separación de poderes en nuestro país. De conseguirlo, ya no tendría sentido celebrar el aniversario de la Constitución sino más bien lamentar su desaparición. Y es que, a la postre, y tal y como advertía el articulo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: "Toda sociedad en la que no se encuentre asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución".

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