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EDITORIAL

Un Tsunami terrorista que acorrala a la Fiscalía General

El deterioro que el Gobierno está provocando en el Ministerio Público es insoportable, una pérdida de crédito y credibilidad que lastra por completo la institución.

La decisión del Tribunal Supremo de investigar al prófugo Carles Puigdemont por terrorismo en la causa del llamado "Tsunami Democràtic" supone una desautorización de tal calado de las tesis del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que debería provocar su cese inmediato. Su posición es insostenible y tal como reclama la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales no puede permanecer en el cargo ni un día más. El deterioro que el Gobierno está provocando en el Ministerio Público es insoportable, una pérdida de crédito y credibilidad que lastra por completo la institución.

La proposición de ley de amnistía es una aberración que atenta contra los más elementales principios del Estado de derecho. En su intento por sacar adelante ese disparate, el Gobierno no sólo se está llevando por delante la Fiscalía (tocada de muerte desde que Pedro Sánchez preguntara retóricamente de quién depende) sino que pretende arrasar el Poder Judicial en pleno. Los despiadados ataques del Ejecutivo contra el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Tsunami, Manuel García-Castellón, las arremetidas contra el Tribunal Supremo, las amenazas contra los jueces que instruyen asuntos que afectan a los separatistas, las presiones a los fiscales y los intentos por tumbar a cualquier precio los obstáculos legales, políticos y morales de la amnistía son un auténtico desmán, un despropósito que revela la peligrosa naturaleza autoritaria del proyecto sanchista.

Y en ese proyecto es necesaria la figura de una fiscalía sensible a los requerimientos del Gobierno, capaz de eludir la persecución de los delitos al tiempo que se enmienda a sí misma porque la decisión del Tribunal Supremo de investigar a Puigdemont se sustenta en la Memoria de la Fiscalía General de 2020, cuando presidía el órgano la exministra de Justicia Dolores Delgado. En aquel documento se aludía explícitamente al "movimiento violento independentista catalán", se tachaban de terroristas las salvajadas llevadas a cabo en nombre del "Tsunami" y se establecía con meridana claridad su sesgo bajo el epígrafe de "terrorismo nacional". Nada ha cambiado desde entonces, salvo la necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder, para lo que requiere los votos de quienes orquestaron esas acciones que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo investigan como terrorismo.
Que la Sala Penal del Alto Tribunal haya desestimado el informe elaborado por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, contrario a investigar a Puigdemont, es una desautorización de tal envergadura que enseña a García Ortiz la puerta de salida. La actuación del Gobierno de Sánchez y la Fiscalía en auxilio de sus socios es una ignominia más grave incluso que la corrupción que cerca a un Ejecutivo tan impresentable como indecente.

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