Esta semana puse rumbo al norte para enterrarme en ese preciado polvo blanco que tanto escasea últimamente. Había tanta nieve en el pirineo como hubo en su día en la ría de Arousa, y como mi coche es el peor posible para las condiciones de temporada, llegar de una pieza a la estación de esquí me suele llevar por el camino de la amargura. Siempre busco ese breve intervalo de buen tiempo posterior a la nevada, donde las montañas aún lucen como sábanas y las carreteras, ya limpias, remiendos oscuros sobre ellas. Esta vez logré ahorrarme de nuevo –y llevo pleno– el trauma de las cadenas. El día del viaje, actualicé cada hora las cámaras de la DGT para comprobar que el manto blanco que cubría el asfalto menguaba hasta aparecer éste en toda su negrura. Y es que uno da por sentado que las carreteras están siempre transitables por arte de magia cuando la realidad es que conlleva un trabajo importante.
La mayor parte de su mantenimiento y conservación se gestiona a través de concesiones a empresas privadas. Y además de lucir un muy buen estado general, España invierte por kilómetro la mitad que sus compatriotas europeos (Reino Unido, Francia, Italia y Alemania). Curiosamente, nadie pone el grito en el cielo para que el Estado se haga con el control total de su gestión. En otros asuntos, en cambio, algunos se pasan el día cacareando la palabrita "público" como el maná del Antiguo Testamento. La sanidad, pública, "la mejor del mundo" –al menos, COVID mediante, hemos abandonado ya esa cantinela–. La alta velocidad, pública, la mejor. Y Correos, ni las lechuzas de Harry Potter, oiga. Luego uno ve las listas de espera de consultas y operaciones, los precios de otras operadoras respecto al AVE –si han prohibido vuelos nacionales próximos es porque no existe una aerolínea estatal que pueda trincar del pastel– o el multimillonario agujero negro de Correos y se echa a temblar. Por no hablar del Cercanías, ese servicio tan gratuito y desastroso que debería cambiar su nombre a "Lejanías" para evitar denuncias por publicidad engañosa.
El pajeo mental con el concepto es enfermizo. Se vanagloria en pro de una solidaridad inexistente sin importar su funcionamiento. Una farsa que abunda en la mente española, de querencia socialista: dar el pez en vez de enseñar a pescarlo. Se soborna a la conciencia entregando la papeleta a unos tipos que se quedarán con cuarto, tercio o mitad del sueldo mientras recuerdan que, con él, se ayuda al necesitado y no se deja a nadie atrás, aunque para ello arruinen a sus propios votantes y al resto, convirtiéndoles a la larga en esos mismos necesitados. Los primeros tampoco saldrán del pozo porque recibirán la ayuda justa para subsistir y seguir dependiendo de ellos. Y así se iguala por lo bajo al personal, cerrando ese círculo que podríamos denominar el bucle socialista de la pobreza. Todo con la excusa de que las necesidades básicas tienen un valor incalculable y es inmoral canjearlas por billetes. Otro gran éxito del relato inoculado en el gran público, porque las pagamos antes de que nos ingresen la nómina en el banco. Si tan inmoral es, ¿por qué no eliminan el IVA de los alimentos básicos? No extraña que circule la teoría de que el mayor experimento sociológico de los últimos tiempos es que la nómina aparezca en la cuenta corriente con los impuestos ya cobrados, porque si se recibiera íntegra y luego apareciera un debe a favor del Estado, arderían más de uno o dos contenedores.
Esto de lo privado es buen asunto porque honra la naturaleza del hombre, que tiene un alma agradecida al trabajo bien hecho. Y pone coto a la farsa y la picaresca, costumbres españolas enquistadas hasta tal punto que cuando alguien promete despedir a los funcionarios de su ayuntamiento si no cumplen con su trabajo –como el osado Jácome, líder de Democracia Ourensana, alcalde de Ourense y vanguardia de lo políticamente incorrecto–, las masas le echan los perros. Nada motiva más al personal que la certeza de un puesto no vitalicio si le da por tocarse las gónadas a dos manos.
Un Estado debería ser el departamento de Atención al Cliente y Responsabilidad Corporativa del ciudadano. El vigilante que impida que el servicio privado mire el céntimo por el céntimo y descuide el servicio que debe prestar. El benefactor que contribuya económicamente cuando hablemos de servicios tan básicos que no deban negarse a nadie por pura humanidad, aunque salgan a pérdida. La gente quiere que el Cercanías haga honor a su nombre y esperar en el médico el menor tiempo posible. El afán desmedido por lo público es pura trinchera política. A menos que, claro, alguien esté denunciando la gestión de nuestras carreteras y no me haya enterado. En caso contrario, y como rezaba aquel anuncio: para todo lo demás, Mastercard.