Aun cuando el Tribunal Supremo no haya planteado (por ahora) una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la publicación en el BOE de la ley de amnistía —algo que la hubiera dejado en suspenso en su totalidad—, su decisión de considerar que dicho engendro jurídico simplemente no ampara los delitos de malversación por los que se acusa a Puigdemont y por lo que han sido condenados el resto de dirigentes del golpe del 1-O, era una posibilidad, tal y como adelantamos hace un mes en Libertad Digital, a la vista de las grietas jurídicas que habían abierto las enmiendas de Junts y ERC al texto inicial durante su tramitación en el Congreso.
Se trata, en cualquier caso, de una buena noticia y de una decisión jurídicamente impecable que conlleva el mantenimiento de la orden de detención contra el expresidente catalán pero que hará que Puigdemont y el resto de los golpistas trasladen sus esperanzas a un Tribunal Constitucional mayoritariamente dominado por miembros designados por el PSOE. Con todo, está por ver que la politización del Tribunal Constitucional llegue al extremo de declarar inconstitucional la decisión del Supremo de no considerar amnistiados todos los delitos perpetrados por los golpistas habida cuenta de que, llegado ese caso, el Supremo sí podría elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE cuya mera aceptación dejaría en suspenso lo avalado por el TC.
Ahora bien, ese riesgo de que el Tribunal Constitucional, convertido en correa de transmisión del Ejecutivo, avale ese engendro jurídico, tan contrario al ordenamiento constitucional como al derecho comunitario, que es la mal llamada ley de amnistía, persiste. Y, en este sentido, no hay más que ver cómo la mayoría socialista del Constitucional, tras revocar las inhabilitaciones por prevaricación en el caso de los EREs, ha decidido este martes anular también una de las penas de prisión por malversación dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo, lo que allana el camino para librar de la cárcel a Griñan.
Si la mayoría mal llamada "progresista" del TC (que no es propiamente Poder Judicial) se dedica al injusto y progresivo desmontaje de las condenas del caso ERE avaladas por el Supremo sin que haya una "ley" que amnistíe ese corrupto reparto clientelar de más de 600 millones de euros perpetrado desde la Junta socialista de Andalucía a lo largo de una década, cabe preguntarse qué impunidad no estarán dispuestos a conceder en el caso del proceso golpista catalán que sí pretende amparar una ley de amnistía como la aprobada por el Gobierno.
Así las cosas, todos los partidarios de la división de poderes tenemos el derecho de desconfiar de este envilecido y mal llamado Tribunal Constitucional y el deber de seguir depositando nuestras esperanzas en un Tribunal de Justicia de la Unión Europea como último baluarte de la persistencia de la nación española entendida como Estado de derecho.