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EDITORIAL

Las consecuencias de criminalizar las obras hidráulicas

Es el coste de dejar que la acción del Estado se inspire en los mandatos de organizaciones ecologistas carentes de representación real pero que imponen sus ideas.

Si el Estado hubiera construido en la cuenca del Júcar las infraestructuras previstas desde hace décadas, el episodio reciente de gota fría no habría provocado la devastación que ha padecido parte de la provincia de Valencia. Así lo ha explicado en esRadio el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil y expresidente del Instituto de Ingenieros de España, José Trigueros, que ha mostrado la indignación de los ingenieros españoles por el abandono del que han sido objeto las obras hidráulicas desde los tiempos de Zapatero.

En concreto, el experto en ingeniería civil se ha referido a la presa de Cheste, una obra incluida en el primer plan hidrológico de Felipe González, que Aznar incluyó en su PHN, y que, de haberse construido tal y como estaba previsto, habría moderado notablemente las consecuencias provocadas por la tremenda avenida del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ha sido responsable de la mayoría de los muertos provocados en esta riada. Y es que, aunque el Plan Hidrológico Nacional de 2000 sólo se conoce por la parte del trasvase del Ebro, se trata de un vasto programa de actuación hidráulica que "llevaba muchísimas obras de depuración, de recuperación de cauces en toda España y ahí estaba contemplada la presa de Cheste", como ha recordado el presidente de los ingenieros.

La llegada al poder de Zapatero tras el 11-M dio al traste con el PHN y, con él, desaparecieron todas las obras menores que habrían permitido la utilización de las aguas de lluvia y, lo que es más importante, la prevención de las terribles consecuencias que traen consigo eventos catastróficos como la gota fría. A este respecto resulta especialmente llamativo el abandono del que han sido objeto los cauces de la vertiente sureste, escenario habitual de estos fenómenos de lluvias torrenciales del otoño, que pueden llegar a afectar terriblemente a las poblaciones de la zona como, por desgracia, hemos visto en la provincia de Valencia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del ministerio de Transición Ecológica que dirige la desaparecida Teresa Ribera, tenía que haber impulsado las actuaciones hidráulicas pertinentes en toda su demarcación para paliar los efectos de una futura DANA especialmente masiva, como la que han sufrido más de 20 poblaciones de la provincia de Valencia. En su lugar, el organismo de cuenca ha permanecido inactivo para no molestar a las organizaciones sedicentemente ecologistas, responsables de que en España no se pueda actuar en las zonas por donde discurren las aguas comunes. Tan es así que, en lugar de trabajar para modificar los cauces peligrosos y construir los diques necesarios, la izquierda se dedica a desmantelar las obras hidráulicas ya construidas y, en el colmo del despropósito, propone aberraciones como la renaturalización del cauce original del río Turia, desviado artificialmente tras la riada de 1957. De haberse llevado a cabo la idea promovida por las organizaciones ultraecologistas y aprobada en su día por la izquierda valenciana, hoy estaríamos hablando de miles de muertos y de una provincia arrasada prácticamente en su totalidad.

La estigmatización de las obras hidráulicas por parte de la izquierda desde Zapatero acarrea en ocasiones consecuencias terribles, como hemos visto hace unos días en la zona sur de Valencia. Es el coste de dejar que la acción del Estado se inspire en los mandatos de organizaciones ecologistas, carentes de representación real pero que, en cambio, imponen sus ideas gracias a su comunión de intereses con una ministra tan lamentable como la desaparecida Teresa Ribera.

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