Si la mera imagen del anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declarando como testigo en un caso de corrupción en 2017 fue "un punto culminante que exigía su dimisión por devaluar la institución", tal y como sentenció Pedro Sánchez en la moción de censura contra su antecesor en el cargo, no le faltan ahora motivos a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo para requerir, "aplicando ese mismo criterio", la dimisión del ministro de Justicia y Presidencia, Felix Bolaños, quien ha declarado como testigo este miércoles ante el juez Peinado en la causa abierta a la esposa del presidente, Begoña Gómez y en relación de la contratación de su asesora Cristina Álvarez. Es más. Aplicando "ese mismo criterio", lo que sería exigible sería la propia dimisión del presidente del Gobierno, por cuanto Pedro Sánchez ya fue citado a declarar como testigo por las causas abiertas contra su mujer en julio de 2024.
La diferencia está en que, mientras el presidente del gobierno se pudo acoger a su derecho a no declarar en un caso en el que está investigada su esposa (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el ministro Bolaños sí tenía la obligación de declarar y responder a todas las preguntas.
Con todo, sorprende que Bolaños, quien, según fuentes conocedoras de la declaración, ha manifestado que nada tuvo de ver con ese nombramiento, que no era de su competencia, que no conocía a Álvarez ni recordaba su designación, haya manifestado, sin embargo, tajantemente que el nombramiento de Álvarez se hizo "conforme a la ley" y con "todos" los tramites reglamentarios.
El fondo de la cuestión y de la causa judicial, sin embargo, no es la posible irregularidad de la contratación de Cristina Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, sino si, en el ejercicio de ese cargo público, sufragado con dinero público, hizo labores en beneficio de los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno como fue su master y su cátedra. Y es que una cosa es que Álvarez asistiera a Begoña Gómez en labores de agenda y actividades protocolarias en su condición de esposa del presidente del gobierno y, otra muy distinta, que le asistiera también en sus actividades profesionales privadas.
Lo que está claro es que, mientras Bolaños trataba tanto de alejar la sombra de la malversación sobre Begoña Gómez como de establecer un perímetro de seguridad sobre sí mismo, diversos miembros del gobierno, como los ministros Luis Planas o Fernando Grande-Marlaska, mostraban su peculiar "respeto" a la acción de la Justicia arremetiendo contra el Juez Peinado y su instrucción en las causas abiertas contra la esposa del presidente del gobierno.
Recuérdese, sin embargo, que, al margen de este asunto, la mujer del presidente acumula ya hasta cuatro imputaciones, puesto que a los posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios se les sumó posteriormente los de intrusismo profesional y apropiación indebida. Y es que lo que empezó como "fango", "recortes de prensa" de los "pseudomedios" —como despectivamente se referían a la denuncia de Manos Limpias desde el Gobierno— se ha transformado en sólidas sospechas corroboradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que hace tan sólo unos días destapaba el escándalo más grande de cuantos se han conocido hasta el momento: que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, llamó a Begoña Gómez para desbloquear el rescate de Air Europa.
Finalmente, no podemos dejar de denunciar la absoluta falta de colaboración del gobierno y del PSOE en el que se esclarezca la verdad en otro asunto de corrupción como evidencia la negativa del Ejecutivo a responder este miércoles la batería de preguntas que le ha dirigido el PP en relación a la contratación de la "amiga" del ex ministro Ábalos, Jésica Rodríguez.
Y es el que, a la postre, el desprecio del gobierno de Sánchez por la labor fiscalizadora y parlamentaria de la oposición no es menor al que siente hacia la prensa y la justicia independientes. Como para que luego se permitan dar lecciones de democracia...