Caso Forestalia: Aun peor de lo que parecía

El portavoz del PP, Jaime del Burgo, ha hecho este miércoles, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, una espléndida síntesis del llamado "caso Forestalia": "un sistema organizado dentro del Ministerio para la Transición Ecológica para manipular expedientes a cambio de mordidas". Y es que este caso de "corrupción con etiqueta verde", en también acertada expresión del diputado popular, por el que hace escasas semanas eran detenidos por la policía el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en tiempos de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez parece cada vez menos un caso aislado de manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón efectuada por un funcionario del Ministerio en beneficio de una determinada empresa, para convertirse en una auténtica red y organización delictiva con múltiples tentáculos que, además de salpicar a la anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afecta al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y hasta a Antxon Alonso, socio del ex secretario general del PSOE encarcelado, Santos Cerdán,.

Así, desde las detenciones de Samper y Domínguez, la investigación de la Guardia Civil apunta más alto y señala ya a una omisión en el control que podría imputarse a la entonces ministra Teresa Rivera al denunciar el pitufeo de las licencias para quitar los controles nacionales y hasta los de la UE.

Por otra parte, se ha sabido que Tragsatec, una empresa pública, integrada en la SEPI dependiente del ministerio de Hacienda y cuya función original era prestar asistencia técnica no obligatoria a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, fue transformado su rol bajo la dirección de Domínguez para pasar a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia. Y cumplía ese sucio papel hasta tal punto que un testigo calificó al equipo de Tragasatec que servía a Domínguez con la expresión de ‘guardia pretoriana’.

Así mismo, se ha sabido que "Next Generation Caliope Innova S.L", una sociedad investigada por su relación con el Grupo Forestalia, fue dirigida por el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, hasta el 19 de noviembre de 2025, es decir, el mismo día en que el que el Tribunal Supremo acordó dejar en libertad provisional al exsecretario de Organización del PSOE. ¿Casualidad? Puede ser, pero, desde luego, Santos Cerdán, encarcelado por su implicación en el caso Koldo, parece el perejil de casi todas las salsas de corrupción que afectan al Gobierno.

En cualquier caso, y ante la gravedad de lo que ya se sabe, el hecho de que la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Aagesen, se limite prácticamente a decir que en su ministerio se hace "todo muy bien" y a reivindicar el "no a la guerra" es muestra de la absoluta indolencia, cuando no complicidad, de este gobierno en este gravísimo caso de "corrupción con etiqueta verde".

Finalmente, decir que, aunque el PP ha hecho bien en llevar este asunto a las sesiones de control al gobierno en el Congreso, así como en elevar el asunto a Bruselas, haría aun mejor abriendo una comisión de investigación en el Senado. Y es que lo que no puede quedar impune, ni penal ni políticamente, es lo que ya en su día Jiménez Losantos percibiera como "la mayor atrocidad estética, ética y política que se haya cometido contra cualquier región española desde que rige la Constitución".