Los ciudadanos esperan pacientemente que esto, España sin Gobierno, se resuelva pronto. Se engañan. Esto va para largo. La ingobernabilidad, pues, no es una idea. Es un hecho. Este dramático acontecimiento tiene culpables fácilmente identificables: todos los partidos políticos. Pero puede especificarse el grado de culpabilidad de cada uno de los agentes principales del tinglado político. Pedro Sánchez destaca en primer lugar como el primer irresponsable, o mejor, el responsable directo de la irresponsabilidad organizada que es una España sin Gobierno. Ya no se trata de escribir sobre la historia o peripecia particular de este personaje, de su pasado político en el PSOE y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados como organizador de una moción de censura con partidos claramente anticonstitucionales; tampoco deberíamos vaciarnos intelectual y vitalmente desmontando y criticando el uso perverso que el presidente del Gobierno en funciones hace de los plazos y otras triquiñuelas del teatro político, sino que deberíamos concentrarnos en la denuncia del hombre que ha rebajado la actividad política, el trato con los otros líderes y con los otros poderes, hasta los suburbios del chantaje y la extorsión. No es de recibo el eslogan: o Gobierno de Sánchez o nada.
Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, sí, por la mínima, pero las ha ganado. Tiene cierta legitimidad para formar Gobierno, pero no para imponer las condiciones para que le dejen comenzar a gobernar. La cuestión no es Gobierno socialista o elecciones anticipadas, sino que diga cuál es su oferta concreta, fácilmente comprensible para todos los ciudadanos, a los partidos constitucionalistas para que le permitan conformar un Gobierno. Pero, lejos de poner sobre la mesa los objetivos políticos y el programa económico nacional para que PP, Cs y Vox, partidos estrictamente constitucionalistas, le permitan ser investido como presidente de Gobierno, considera que Podemos, partido de urdimbre revolucionaria y, por lo tanto, anticonstitucional, nacionalistas separatistas y golpistas, que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, son sus socios prioritarios.
La maldad socialista, que nos sitúa en una situación de ingobernabilidad, es obvia: por un lado, Sánchez les pide, casi les exige, a los constitucionalistas que permitan su investidura y, por otro, hace ostentación sobre sus socios prioritarios, a saber, podemistas y golpistas. Eso no es una contradicción sino la imposición de una arbitrariedad o irresponsabilidad organizada. Culpar a otros, a la Oposición constitucional, de las maldades que pudieran surgir de un Gobierno apoyado por separatistas y revolucionarios es algo que pudiera entrar dentro de una lógica política de carácter totalitario, pero jamás debería contemplarse como algo normal dentro de una democracia constitucional. Hay, sin embargo, un paso aún más peligroso en la lógica totalitaria de Pedro Sánchez: el blanqueamiento que está haciendo de sus socios prioritarios. Eso es que lo que sucederá a partir de este miércoles, 26 de junio, cuando TVE entreviste con todos los honores a un antiguo terrorista, Otegi, que aún no ha hecho arrepentimiento público de sus crímenes pasados.