Escuchar a los medios en Cataluña tras la rajada de Villarejo sobre el atentado yihadista de las Ramblas del 17 de agosto de 2017 es como asistir a un aquelarre de brujas colocadas. Los mismos políticos y medios nacionalistas que jamás dan crédito alguno a las investigaciones de la policía española cuando presentan pruebas contra la corrupción en Cataluña o llevan ante los jueces a sus responsables políticos por incumplimiento de la ley entran en éxtasis cuando un delincuente acorralado como el excomisario José Manuel Villarejo lanza la última insidia contra el CNI. ¿Qué le habrá hecho el director del CNI, Félix Roldán, para que le tenga tanta tirria?
El miércoles por la mañana en RAC-1, Catalunya Radio o TV3 babeaban periodistas, tertulianos y políticos. Por fin tenían pruebas irrefutables de que el pérfido Estado había inducido al terrorismo yihadista a dar un susto morrocotudo a Cataluña antes del 1 de octubre de 2017. No importa que la fuente sea un vertedero de venganzas personales y desesperación judicial, ni que estas insidias del secesionismo tras el atentado hubieran sido ya investigadas y juzgadas por los tribunales, lo que importa es echar leña al fuego de un procés desesperado por reverdecer odios contra España entre sus diezmadas huestes.
Y para dar ejemplo, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés: "Conocemos bien como funcionan las cloacas del Estado, por eso exigimos que se investigue para esclarecer la verdad". La propia presidenta del Parlamento, Laura Borràs ha ordenado a los servicios jurídicos del Parlamento preparar una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las declaraciones de Villarejo. Junts y ERC ya han exigido una comisión de investigación parlamentaria. Y mientras tanto, los medios sin pudor alguno, todos a una. Aunque no exactamente como aquel editorial conjunto de 2009 contra la sentencia del TC sobre el Estatuto. Esta vez, La Vanguardia ha dedicado información detallada contra las insinuaciones del excomisario bajo el titular "Villarejo resucita una conspiración que los Mossos descartaron desde el inicio", y la remacha con el artículo de Josep Martí Blanch "Abrazados a un excremento", donde se hace una pregunta definitiva: "¿Podemos sacar provecho político de su último vaciado de tripas?". Pregunta, por cierto, que debería compeler a todos.
Este sesgo ideológico tan cercano al fanatismo no lo es sólo porque aprovechen la cagalera de un delincuente profesional, que nunca alabarían si sus declaraciones hubieran dañado al procés, sino porque eso que no soportarían a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo practican ellos sin rubor alguno con los Mossos d’Esquadra.
Con la destitución de Josep Lluís Trapero el pasado 20 de diciembre, han iniciado una purga en los Mossos cuyo objetivo es el control del cuerpo por el independentismo y, de paso, acabar con la autonomía de la Comisaría General de Investigación Judicial, dependiente de jueces y fiscales e independiente del poder político, para neutralizar los casos de corrupción política.
Tras la destitución del equidistante Trapero pusieron en su lugar a un afín radical al secesionismo, Josep Maria Estela Ribas. Nada más tomar posesión destituyó al segundo de Trapero, Toni Rodríguez, que curiosamente dirigía la Comisaría General de Investigación Judicial, entre cuyos departamentos está el de anticorrupción. En él habían sido investigados Laura Borràs, Miquel Buch y el caso del 3% de CDC. Como reacción a esa escalada para controlar la afinidad al procés y la impunidad a sus cargos políticos dimite Juan Manuel Lazo, entre cuyas responsabilidades estaba el departamento de Anticorrupción. La demolición sigue en marcha, la última la del comisario Carles Anfruns. La ambición de ERC y el resentimiento de la CUP por cualquier uniforme policial acabarán por convertir a los mandos de los Mossos en monaguillos del poder político secesionista.
Por estos servidores de sí mismos estamos gobernados en Cataluña. Para quien aún no se haya enterado, la democracia ya se había exiliado de estas tierras antes de la salida masiva de empresas.