La política, con minúscula, tiene estas cosas: pasas de ser un partido que emerge con fuerza, que genera ilusión en un segmento importante de la sociedad, a encontrarte en una tesitura en la que tienes que decidir qué camino seguir. Esto es lo que lisa y llanamente le está pasando a Vox en el momento presente.
El partido presidido por Santiago Abascal –que tuvo el apoyo de 2.700.000 españoles en las elecciones generales– tiene en su mano dar los Gobiernos de Murcia y Madrid a una coalición formada por el PP y Ciudadanos, propiciar que gobierne el PSOE con Podemos o forzar una repetición de elecciones en ambas comunidades. En política, como en otros órdenes de la vida, a veces hay que aplicar la teoría del mal menor, que en el caso que nos ocupa supone actuar de la manera que menos perjudique los intereses de los electores, que tanto en Murcia como en Madrid han optado mayoritariamente por que gobierne el bloque del centro y la derecha y no el PSOE y sus aliados de izquierda.
Vox tiene toda la razón cuando se queja del mal trato recibido por Ciudadanos, que en una actitud profundamente antidemocrática se ha negado desde el primer momento a sentarse a negociar nada con los de Abascal, tratándoles como a unos apestados. Es absolutamente comprensible que Vox se sienta herido y exija un trato normal si se quieren sus votos. Pero la situación es la que es: Ciudadanos no parece que vaya a cambiar de criterio y de actitud, mucho menos con la crisis interna que están viviendo. Por eso Vox tiene que decidir qué hacer y explicarlo a la opinión pública. Una explicación que debería dar su presidente Abascal, quien no debería delegar en los portavoces de la comisión negociadora de su partido. Lo que está en juego es tan importante que exige la intervención directa del líder de Vox.
¿Y qué es lo que está en juego? Mucho más que el Gobierno de dos comunidades autónomas. Está en juego plantar cara al Gobierno del Frente Popular, que sin ninguna duda es el proyecto político, ideológico y cultural que quiere continuar liderando Pedro Sánchez. Un proyecto que pasa por la demolición de la España constitucional del 78. Cuando en Cataluña sigue latente la amenaza de los separatistas; cuando en Navarra el PSOE no tiene ningún escrúpulo en aceptar el apoyo de Bildu para gobernar con el PNV y que no lo hagan los constitucionalistas de Navarra Suma; cuando desde el Gobierno de la Nación, a través de TVE, se blanquea a un personaje como Otegui; cuando en Baleares los socialistas pactan con los nacionalistas que piden el derecho de autodeterminación, los partidos que están en el bloque constitucional no pueden seguir con sus batallitas, con su dimes y diretes, porque España necesita una alternativa seria, y porque quienes les han votado no se lo merecen.
Vox tiene que ser consciente de que se juega mucho, también electoralmente, en este envite. Aunque, reitero, no sean los principales culpables de esta situación, sin embargo la opinión pública cree que son los de Abascal quienes tienen la llave. Esa percepción no va a cambiar, por lo que Vox tendrá que decidir qué hacer, y ahí es donde entra la teoría del mal menor citada anteriormente. Lo menos malo sería que apoyara la investidura de López Miras y de Díaz Ayuso para luego pasar a la oposición y desde ahí intentar influir en las políticas que quieran llevar adelante los ejecutivos de PP y Ciudadanos en ambas Comunidades.
Algunos podrán pensar que hacer eso supone una cesión intolerable y una indefensión de los votantes de Vox. No creo que sea estrictamente así, pero, en cualquier caso, tiene que adoptar una decisión ya, porque el tiempo se acaba. Los electores tomarán buena nota de lo que hagan unos y otros.